La Fiscalía pide 36 años de cárcel al autor confeso del triple crimen de los hermanos de Morata
El crimen de los hermanos Gutiérrez Ayuso en Morata de Tajuña (Madrid) en diciembre de 2023 constituiría tres delitos de homicidio, pero no de asesinato. Así lo considera al menos la Fiscalía, que pide que el autor confesado de los crímenes, Dilawar Hussain Fazal, … Alias ’El Negro’, un total de 36 años de prisión. La defensa del ciudadano paquistaní comparte la calificación del Ministerio Público, aunque solicita una reducción de la pena hasta los siete años y medio de prisión al considerar que deben aplicarse varias circunstancias atenuantes.
En sus conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía describe con precisión el modo de ejecución de los tres delitos, aunque sin entrar en los antecedentes del caso y la motivación de los acusados para agredir a las víctimas: Amelia (Amelia (Amelia (Amelia (Amelia (Amelia (Amelia (Amelia (Amelia (Amelia (Amelia (Amelia (Amelia (72 años), María Ángeles (75) y José Gutiérrez Ayuso (78) La investigación de la Guardia Civil reveló que el móvil era en el que Dilawar prestó 59.500 euros a las dos hermanas, que estaban siendo víctimas de estafadores amorosos, y no lo devolvió.
Amelia y Ángeles habían prometido a la paquistaní multiplicar hasta por cinco su inversión, ya que estaban convencidas de que mantenían un romance con unos militares estadounidenses a los que conocieron por internet y que se llevaban el dinero bajo la promesa de cobrar una herencia millonaria. Dilawar entró en juego e incluso vendió su localizador, pero no recuperó ni un euro del dinero que les dio, aunque necesitaba pagar el tratamiento de su madre enferma, que acabó falleciendo en febrero de 2023.
En ese contexto, la mañana del 17 de diciembre de ese mismo año, el imputado se dirigió al domicilio de los Gutiérrez Ayuso, ubicado en el camino del Calvario, trepó a un muro y llamó a la puerta, describe el fiscal. Abrió José, el mayor de los hermanos, que padecía una discapacidad psíquica. Una vez dentro, «el investigado, con la intención de provocar la muerte o siendo consciente de la posibilidad de ese resultado, propinó a José múltiples golpes en el rostro y la cabeza», añade el escrito acusatorio.
Dilawar presuntamente utilizó un palo de hierro o un objeto largo, rígido y pesado de similares características. Luego, con esa misma arma, se acercó a Amelia y «con idéntica intención» le propinó «múltiples golpes en la cabeza». Luego hizo lo mismo con los ángeles. Los tres hermanos fallecieron a causa del traumatismo craneoencefálico sufrido.
«Rasgos paranoicos»
La Fiscalía agrega que el 19 de diciembre, alrededor de las ocho de la tarde, el imputado regresó a la casa y prendió fuego a los cuerpos, los cuales estaban parcialmente carbonizados. También recuerda que Dilawar tenía un pedido remoto de 500 metros para Amelia, a la que golpeó meses antes -apenas un día después de la muerte de su madre- con un martillo porque no le había devuelto el dinero.
El Ministerio Público considera que el paquistaní había disminuido levemente sus capacidades intelectivo-volitivas en ese momento porque presenta un trastorno de personalidad donde predominan «rasgos paranoicos», apreciándose una «progresiva carga de frustración experiencial situacional», en relación a la ruinosa situación en la que se encontraba. lo era, ya que se quedó con una subvención de 480 euros desde que salió de prisión por primera vez por la agresión con el martillo.
En consecuencia, pretende ser condenado por tres delitos de homicidio a la pena de 12 años de prisión para cada uno de ellos, a los que habría que sumar otros ocho años en régimen de libertad vigilada y una multa de 8.100 euros por la ruptura. de La orden de alejamiento. No considera al fiscal que exista responsabilidad civil derivada de estos hechos.
La defensa de la imputada, que dirige la abogada Natalia Checa Rivera, de Lemnis Abogados, se muestra de acuerdo con el relato realizado por la Fiscalía, ya que, a su juicio, encaja con la declaración en la sede judicial de Dilawar y las pruebas practicadas. Sin embargo, aunque reconoce la existencia de tres delitos de homicidio, la representación legal de Dilawar en el procedimiento argumenta una serie de circunstancias que podrían modificar su responsabilidad penal.
En concreto, en el escrito de Defensa relata que el paquistaní carecía de antecedentes penales anteriores a febrero de 2023 -cuando se produjo la agresión con el martillo- y tenía una conducta previa «totalmente ajustada a la legalidad y normalidad», ya que atormentó a un loco en Arganda del Rey que sirvió de sustento para él y su familia. A las dos hermanas, agregó el documento, las conoció en ese negocio, donde le dijeron que tenían que enviar dinero al exterior para cobrar una supuesta herencia.
«Desesperación económica»
El abogado de Dilawar sostiene que su patrocinado empezó a pensar que en realidad la estafa había sido orquestada por las hermanas, ya que él no era el único afectado. Con motivo de los 59.500 euros que les prestó, «se vio inmerso en la situación de no tener dinero para enviar a su familia, que vive en Paquistán, así como para afrontar sus propios gastos aquí en España, sintiéndose estafado por las víctimas». , según el escrito de la defensa. Incluso los consideró responsables de la muerte de su madre, ya que no pudo enviar fondos para pagar su tratamiento médico.
El abogado concluye: «La defensa no busca evitar el desenlace grave de los hechos, sino exponer, con rigor, los posibles atenuantes». Estas circunstancias serían la alteración o anomalía psíquica, en relación con el trastorno de personalidad con rasgos paranoicos reconocidos por la propia Fiscalía; el de arrebato u obcecación, ante la «desesperación económica» en la que se encontraba por prestar su dinero a las hermanas; y el de confesión y colaboración con la administración de justicia, ya que se entregó a la Guardia Civil el 22 de enero de 2024 y admitió los hechos desde el primer momento.
Por todo lo anterior, la abogada Natalia Checa entiende que los tres delitos de homicidio deben ser castigados con la pena mínima aplicando una reducción de dos grados para situarlos en dos años y medio para cada uno de ellos (en total, siete años y medio). , o al menos reducirlo a un grado, lo que supondría cinco años por cada muerte, hasta un total de 15.
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