fue uno de Los naufragios más trágicos de la historia de Galicia. En febrero de 2022, en las gélidas aguas de Terranova, Canadá, el barco pesquero Villa de Pitanxo zozobró en medio de una fuerte tormenta. Hubo, casi milagrosamente, tres supervivientes: el patrón, su sobrino -que formaba parte de la tripulación- y otro marinero, Samuel Koufie. Los otros 21 perdieron la vida en el agua. Algunos de ellos ni siquiera pudieron recuperarse del fondo del mar.

El jefe, Juan Padín, intentó buscar todo tipo de explicaciones a lo sucedido, aludiendo, entre otras causas, a una falla en el motor, pero la investigación desmontó cada una de sus excusas. La fiscalía ha presentado ahora su acusación y concluye que Padín y los responsables de la naviera Pesquerías Nores se enfrentan a nueve años de prisión. por 21 delitos de homicidio grave imprudente, un delito de lesiones imprudentes -en relación con los daños sufridos por el superviviente Samuel Koufie- y otro delito contra los derechos de los trabajadores. También se solicita para el capitán la inhabilitación de 13 años para ejercer la función de capitán del buque e igual duración de inhabilitación para los responsables del armador; el administrador, José Antonio Nores Rodríguez; y el director de flota de la compañía, José Antonio Nores, en las actividades de administración o gestión de empresas pesqueras.

La declaración de Samuel Koufie, clave del proceso

La declaración de Koufie fue fundamental a lo largo de este proceso, al igual que los testimonios de los marineros de los barcos que ayudaron a los supervivientes. Hablaron del clima de tensión que reinó en los primeros momentos posteriores al rescate, durante los cuales se intentó construir una narrativa única de lo sucedido. Koufié no cedió a la presión, explicó su versión y, mientras tanto, las familias de las 21 víctimas nunca dejaron de agradecerle.

Pero estas no son las únicas pruebas. Se trata de los informes técnicos elaborados por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), la Inspección de Trabajo, la Guardia Civil y peritos de diversos ámbitos, además de toda la documentación aportada sobre la estabilidad, navegabilidad y seguridad del buque.

“Un flagrante desprecio por la vida”

Según la fiscalía, los acusados ​​permitieron que el barco navegara en condiciones peligrosas, al no respetar las medidas preventivas básicas y al mostrar imprudencia. “flagrante desprecio” por la vida y la integridad física de la tripulación. Y las irregularidades son numerosas: desde la sobrecarga del pesquero hasta depósitos de combustible no autorizados, pasando por insuficientes medidas preventivas y deficiencias en los sistemas y procedimientos de abandono y salvamento. Ni siquiera todo el mundo llevaba puesto un traje de rescate.

Se acusa especialmente al capitán de no haber tomado precauciones durante una maniobra realizada en muy malas condiciones, como asegurar correctamente las aberturas y puertas estancas del barco. También se le considera responsable de una decisión que podría haber cambiado el curso de los acontecimientos: ordenar abandonar el barco demasiado tarde.

La orden de abandonar el barco llegó tarde

En cuanto a los responsables del armador, la fiscalía considera que no respetaron obligaciones de seguridad de ningún tipo. El barco carecía de elementos de evacuación, la tripulación no tenía instrucciones claras para actuar en caso de emergencia e incluso chalecos y trajes de inmersión no estaban correctamente ubicados. Además, El barco operaba en una zona de intensa formación de hielo, a pesar de que su libro de estabilidad lo prohibía expresamente. por no contar con las protecciones regulatorias necesarias.

En definitiva, un sinfín de irregularidades que acabaron provocando lo peor: la pérdida de 21 vidas. Veintiún padres, hijos, colegas y amigos cuyas familias han seguido luchando por la justicia. Y seguirán haciéndolo hasta el final.

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