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La Guardia Civil investiga a 25 personas por parcelaciones ilegales en suelo rústico en Mutxamel

La Guardia Civil investiga a 25 personas por parcelaciones ilegales en suelo rústico en Mutxamel
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  • Publishedmarzo 25, 2026



Investigan a 25 personas por parcelaciones ilegales en suelo rústico en Mutxamel

– GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 25 de marzo (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones de planificación territorial, ha investigado a 25 personas por su presunta implicación en un delito de urbanizaciones ilegales en la zona de Baiona Baixa, en el municipio de Mutxamel (Alicante).

La investigación se inició en julio de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de posibles actuaciones urbanísticas irregulares sobre una parcela rústica catalogada como suelo no urbanizable, según informó el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Jijona comprobaron que el terreno, de más de 12.000 metros cuadrados, había sido dividido en 14 subparcelas más pequeñas, en las que se habían instalado diferentes estructuras, como casas móviles y contenedores, destinados a viviendas, lo que suponía un cambio de uso de suelo de agrícola a residencial sin contar con la correspondiente autorización.

Las gestiones realizadas permitieron identificar a un total de 25 personas, entre 25 y 67 años, todos ellos copropietarios de terrenos principales, que habrían participado en la ocupación y uso de estos fraccionamientos irregulares. La investigación, que se adelanta desde hace aproximadamente seis meses, ha sido remitida a la autoridad judicial competente, la cual continúa con la investigación del caso.

La Guardia Civil recuerda que la adquisición o utilización de terrenos en suelo no urbanizable con fines residenciales puede conllevar importantes consecuencias jurídicas, económicas y administrativas, incluidas sanciones, órdenes de restitución de la legalidad urbanística o el derribo de las construcciones realizadas. Además, este tipo de construcciones irregulares carecen de garantías técnicas y urbanísticas, lo que puede provocar graves daños materiales y dificultar el acceso a servicios básicos como agua, electricidad o saneamiento.



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