El juez de Catarroja que investiga el caso Dejó sin efecto el testimonio previsto para Carlos Mazón después de que la Audiencia Provincial de Valencia aceptara su comparecencia en el procedimiento.

La decisión llega tras el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Valenciana, a quien la Audiencia reconoció el derecho a intervenir en procedimientos previstos en los artículos 118 y 118 bis del Código de Procedimiento Penal.

A juicio del juez, la nueva situación procesal de Mazón hace imposible asistir a la cita previamente acordada.

Los derechos de defensa cambian las reglas del juego

En el auto, el instructor explica que la persona llamada a declarar está obligada a responder honestamente y puede incurrir en el delito de perjurio si falta la verdad.

Sin embargo, la condición ahora reconocida por la Audiencia Provincial le permite ejercer derechos que entren en conflicto con esta obligación. Estas incluyen permanecer en silencio, no testificar si no se quiere, no responder a determinadas preguntas o no testificar contra uno mismo.

Por esta razón, el juez concluyó que La declaración del testigo debe ser retirada. inicialmente previsto.

La investigación sigue abierta

La resolución recoge también los argumentos de la Audiencia Provincial, que destaca que la investigación sigue activa a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había rechazado previamente la declaración motivada quien solicitó la acusación contra Mazón.

Según la justicia valenciana, esta decisión no implicó el archivo de acciones relacionadas con el expresidente ni cerró la puerta a futuras responsabilidades.

El Tribunal considera necesario que Mazón tiene acceso al trámite para saber cómo va que puedan afectarle y ejercer su derecho de defensa.

El foco del 29 de octubre

Entre las cuestiones que quedan bajo análisis judicial está la Papel desempeñado por la Generalitat durante el Día de Dana. El Tribunal destaca que la instrucción pretende aclarar Qué decisiones se tomaron ese día y qué órdenes se pudieron haber dado de la Presidencia autonómica.

La resolución menciona expresamente las actuaciones relacionadas con la elaboración y envío del mensaje de alerta ES-Alert, así como el posible retraso en su difusión y las consecuencias que ello podría tener sobre las muertes y heridos investigados. La decisión del juez no es firme y aún podrá ser objeto de recurso por las partes dentro de los plazos fijados por la ley.

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