La investigación jurídica realizada por la DANA que concluyó 229 muertes en la provincia de Valencia se avanza con nuevas resoluciones procesales. La investigación realizada por dana integra nuevos elementos en la línea de tiempo del 29 de octubre de 2024.

La declaración de Maribel Vilaplana ante el juzgado de Catarroja indica que, durante la comida con Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro, el entonces presidente recibir llamadas y mensajes continuamente. El testigo precisa el período de mayor actividad: “Entre las 17.30 y las 17.45 es la hora punta de llamadas”.

Una llamada a las 17:37. sobre la situación en Utiel

Fuentes familiarizadas con el asunto realizan una llamada de dos minutos a las 5:37 p.m. entre mazón y Salomé Pradas, entonces ministra de Justicia e Interior. Según estas fuentes, Pradas informa: «en Utiel ‘hay gente en los tejados y la UME no puede entrar'».

En ese momento, Pradas ya se encontraba en el CECOPI, donde se recibió información operativa sobre Útil. La existencia y contenido de esta convocatoria, en caso de confirmarse, introduciría un contraste con la versión apoyada por Mazónquien afirmó que en ese momento No tenía ningún dato sobre la emergencia..

En el tribunal, el periodista insistió en que el presidente no transmitió información sobre estas comunicaciones: “Nunca le contó nada de las llamadas. Tampoco escucha palabras como Dana, CECOPI, lluvia”. El testigo reiteró este punto al juez. Pese a las contradicciones que destacan otras declaraciones sobre el curso de los acontecimientos, la jueza dictó un auto en el que rechaza acusar a Vilaplana de perjurio, dado que el caso permanece en fase de investigación.

La resolución mantiene la línea de trabajo centrada en las fechas, horarios y contenidos de las comunicaciones y en la intersección con la actividad del CECOPI, sin abrir una habitación separada contra el testigo. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, presidenta del juzgado de Catarroja que investiga el caso, rechazó abrir una sala Separados por falso testimonio contra la periodista Maribel Vilaplana y se negó a pedir a Presidencia de la Generalitat los documentos firmados en El Ventorro al no considerarlos decisivos para la toma de decisiones en el seno del CECOPI.

Al mismo tiempo, ordena un proceso contra infraestructura y comunicaciones oficiales a partir del 29 de octubre de 2024. El juez exige al Ministerio de Agricultura un informe de examen de la presa de Buseo y pide identificar a los operadores que se encontraban en el embalse el pasado 29 de octubre, así como al servicio de emergencias información detallada sobre las incidencias relacionadas con esta infraestructura ese día.

Además, pide a la Presidencia de la Generalitat alertas y noticias enviadas el 29 de octubre y un informe sobre las acusaciones de la Justicia quien ha recibido avisos de mención en los medios. En este último punto excluye los arreglos de recepción y la lista de personas de la Presidencia que solicitaron una acusación.

Cronograma de llamadas y asistencia remota

El caso indica que las llamadas de teleasistencia provenientes de 37 usuarios fallecidos comenzaron a las 15:51 horas. 29 de octubre. El magistrado integra estas grabaciones en la cronología de hechos y comunicaciones oficiales cuya misión es reconstruir la respuesta institucional durante el episodio.

Síguenos en nuestro canal whatsapp y no te pierdas las últimas novedades y todas las novedades de nuestra perfil de google.

Puedes ver la noticia completa de “Noticias 2” en Jugador.