Fuentes conocidas del caso explican que una línea jurisprudencial cada vez más adversa se refuerza para el gobierno español, que debe llegar a un acuerdo con los acreedores para evitar nuevos embargo de bienes y convicciones internacionales.

El punto es que el Tribunal de Distrito de Columbia Ha desestimado dos nuevos intentos del Gobierno de España para bloquear la ejecución de premios de arbitraje a favor de los inversores europeos.Un nuevo golpe para la estrategia de defensa de Madrid contra docenas de afirmaciones similares.

Es un movimiento importante porque ni siquiera se trata de los premios de empresas no europeas. Son dos oraciones que afectan directamente a los grupos de inversión europeos y a la justicia de los Estados Unidos, lo que claramente dice que los argumentos de España no apoyan, según las fuentes consultadas. Por lo tanto, recuerdan, los embargos pueden ser autorizados en el país de América del Norte, si continúa.

En este caso específico, el Tribunal Federal negó la moción de España que buscaba desestimar la demanda presentada por RREEF y confirmó la ejecución de la adjudicación de 2019 emitida por el Ciadi. RREEF desarrolló dos plantas solares en Andalucía y su caso ha sido administrado por inversiones renovables de Blasket.

Del mismo modo, el Tribunal de Distrito de Columbia emitió una segunda decisión que también Tomba la apelación presentada por España para detener el procedimiento vinculado al caso de Servicios de Infraestructura (también conocido como ‘Caso Antin’), cuya decisión original se remonta a 2018. La compañía desarrolló dos plantas solares en Andalucía.

La queja presentada por RREEF por el retiro retroactivo de las primas renovables resultó en el reconocimiento de una compensación de 59.6 millones de euros, una cifra a la cual se deben agregar más de 13.9 millones como interés de retraso. En el caso de Servicios de Infraestructura, el premio asciende a 101 millones, mientras que los intereses del retraso ascienden a 24.3 millones. En total, hablamos de casi 200 millones de euros en espera de pago.

España afirmó que el premio no podía ejecutarse debido a que se da de acuerdo con su interpretación del derecho de la Unión Europea: «Los Estados miembros no pueden presentar disputas con inversores de otros países de la UE (prohibición de arbitraje intra-e) y porque el pago de la compensación constituiría» ayuda «ilegal sin autorización de la comisión europea.

La sentencia rechaza rotundamente esos argumentos, recordando que ya fueron planteados y desestimados durante el arbitraje de Ciadi, que la ley de los Estados Unidos que incorpora las fuerzas del Acuerdo de Ciadi para otorgar «fe y crédito pleno» a estos premios, que los precedentes como los precedentes como Nextera y 9Ren han cerrado la forma de invocar a la inmunidad de Sovereign, foro «o los precedentes de las leyes europeas de Evalte su ejecución.