La escalada de precios que ha supuesto el conflicto de Oriente Medio está provocando que las empresas constructoras no sólo tengan dificultades para ejecutar las obras públicas ya en marcha sino que directamente imposibiliten la realización de proyectos, como ya ocurrió en los años posteriores al fin de la pandemia y al estallido de la guerra en Ucrania.

Según datos recopilados por el Confederación Nacional de la Construcción (CNC) directamente entre sus empresas asociadas, En lo que va del año, al menos 1.130 licitaciones de obras civiles han quedado desiertas.

El CNC ha destacado para contextualizar la dimensión del problema que el ritmo mensual de deserción de licitaciones es un 16% superior al registrado por la patronal tras la guerra de Ucrania, de modo que ahora se ha alcanzado una media de 188 licitaciones desiertas cada mes, cuando entonces la cifra era de 162.

Asimismo, la patronal ha destacado que el daño económico por las obras que no se han podido iniciar este año también es mayor, ya que en apenas seis meses la cifra ha ascendido a 707 millones de eurosequivalente al 80% del importe registrado en el análisis de los doce meses anteriores (882,6 millones de euros).

CNC ha detallado que más de ocho de cada diez licitaciones vacías (82%) corresponden a contratos con un presupuesto base de licitación inferior a 500.000 euros a los que cualquier empresa puede presentarse. Sin embargo, el importe medio alcanza casi los 700.000 euroslo que, a su juicio, demuestra que los expedientes afectados también incluyen contratos de alto valor.

De hecho, entre los concursos que han quedado desiertos hay actuaciones con presupuestos de hasta casi 50 millones de euros, como la construcción de una nave en El Prat, la nueva Ciudad de la Justicia en Valladolid (35 millones), la construcción de nuevos depósitos de combustible y tuberías en Cádiz (32 millones) o la promoción de viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria (más de 29 millones).

Como lo destaca presidente de la CNC, Pedro Fernández Alénsi los contratos quedan nulos es porque, directamente, «los números no salen» debido al aumento de costos. Según aseguró, desde 2016, El crecimiento medio de los costes de los insumos de la construcción ha oscilado entre el 30% y el 40% según la tipología de las obras y los materiales. A esto, según el directivo, hay que sumarle el incremento del 28,5% del IPC.

Además de los contratos abandonados, la patronal destacó que la gravedad del problema se manifiesta también en la baja participación en los contratos. En concreto, CNC ha identificado 1.877 procedimientos de contratación pública con asistencia insuficienteya sea por ausencia de ofertas o por la presentación de una única oferta. En este sentido, 747 licitaciones tuvieron un único postor, algo que atribuyen a que son proyectos que estaban fuera de precio o que directamente están pensados ​​para adjudicarse al único postor, lo que, según Fernández Alén, es un problema grave.

La magnitud de las dificultades a las que se enfrentan las empresas constructoras por el aumento de los precios es tal que, como ha advertido el presidente de la CNC, y como ya adelantó LA RAZÓN, muchas empresas están procediendo a ralentizar o detener las obras a la espera de que los precios bajen. «Ninguna administración lo va a reconocer, pero eso se está haciendo», afirmó Fernández Alén.

Según el informe de la CNC, las comunidades autónomas que concentran un mayor número de licitaciones desiertas son Andalucía, con 284 expedientes (el 25,1% del total); Cataluña, con 199 (17,6%); la Comunidad Valenciana, con 127 (11,2%) pese a la necesidad de obras para la dana; y Extremadura, con 106 (9,4%). Juntas, estas cuatro regiones acumulan más del 63% de las licitaciones vacías en España.

Revisión de precios

La patronal lleva tiempo alertando de la vulnerabilidad del sector ante las tensiones inflacionarias, lo que le ha llevado a enviar varias cartas al Gobierno para mostrar su preocupación por la escalada de costes de producción y la falta de medidas para mitigarla.

En este marco, la CNC ha trasladado en numerosas ocasiones al Ministerio de Hacienda la necesidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para excluir los contratos públicos de su aplicación y permitir mecanismos de revisión automática de precios, como el que existía hasta 2015, que garanticen la viabilidad de los proyectos y eviten un frenazo o abandono de las obras, tanto públicas como privadas, como actualmente también está ocurriendo en las obras de vivienda.

Según Fernández Alén, «la situación es asfixiante para miles de empresas constructoras, especialmente las pequeñas y medianasque se ven obligadas a trabajar con pérdidas o, directamente, a cerrar. O se adoptan soluciones urgentes o las obras fundamentales para solucionar los problemas de infraestructuras y vivienda que sufre España seguirán desiertas», advirtió Fernández Alén, quien destacó que el Gobierno empieza a ser consciente del problema, aunque, de momento, no se ha ofrecido ninguna solución.

«No pedimos que nos paguen más, sino lo que nos cuesten las cosas en cada momento», concluyó.