Durante años, Bruselas trató el Brexit como un accidente histórico. Ahora se gestiona como un riesgo sistémico. No teme que el Reino Unido regrese a la Unión Europea; Lo que le preocupa es que se acerque a posiciones y luego se vuelva a marchar. Por tanto, mientras el primer ministro laborista, Keir Starmer, negocia un “reinicio” de las relaciones con el bloque para reparar las tensiones creadas con la anterior administración conservadora, Al otro lado del Canal de la Mancha han activado una arquitectura legal diseñada para una cosa: hacer que cualquier nueva ruptura futura sea tan costosa que sea políticamente inviable. En definitiva, garantizar que lo que se negocia ahora con Starmer -quien durante el histórico referéndum de 2016 hizo campaña para permanecer en la UE- tenga continuidad, independientemente de quién le sustituya luego en Downing Street.

En los ayuntamientos, la disposición ya tiene nombre propio: «cláusula Farage». No es una figura retórica, sino una referencia explícita al líder de la derecha radical Reform UK, el populista británico amigo cercano de Donald Trump que promete hacer estallar cualquier acercamiento con Bruselas y cuya sombra condiciona ya cada línea del nuevo acuerdo. La operación revela hasta qué punto Bruselas da credibilidad al hecho de que el agitador de masas, que con sólo seis escaños lidera todas las encuestas de opinión, pueda convertirse en el nuevo primer ministro de cara a las elecciones generales previstas para 2029.

Lo que ahora negocia el Gobierno laborista es el futuro acuerdo sanitario y fitosanitario -conocido como SPS- que permitiría eliminar casi todos los controles fronterizos que actualmente asfixian las exportaciones de alimentos británicos a la UE. Carne, pescado, lácteos y bebidas volverían a cruzar el Canal de la Mancha sin los certificados, inspecciones y retrasos introducidos por el Brexit. Para el actual inquilino del Número 10, cuyo objetivo es hacer crecer una economía británica ahora atrapada en el estancamiento, ese pacto equivale a un pequeño plan de estímulo disfrazado: podría aumentar las exportaciones agroalimentarias a la UE en más de un 20%.

Starmer lo necesita. Políticamente, porque ofrece una mejora tangible al Brexit sin tener que reabrir el debate tóxico sobre el mercado único o la unión aduanera. En lo económico, porque es una de las pocas herramientas reales de crecimiento a corto plazo sin gasto público, con la que aspira a mejorar su castigada posición en las encuestas.

Pero para Bruselas este acuerdo no es un favor: es una apertura del mercado europeo a un tercer país. Y La UE, castigada por una década de bandazos británicos —de David Cameron a Boris Johnson, pasando por la fugaz Lizz Truss—, ha decidido que esta vez no habrá acceso sin garantías de estabilidad.

El borrador filtrado por el «Financial Times» lo deja claro. El Reino Unido tendría que pagar una contribución financiera permanente para participar en el sistema europeo de controles fronterizos —una tasa proporcional más un recargo del 4%— y aceptar el llamado alineamiento dinámico: cualquier nueva norma europea en materia de sanidad animal o vegetal se aplicaría automáticamente en el Reino Unido. Sin voto, sin veto, sin derecho a bloquearlo. Básicamente es integración sin pertenencia.

Pero la pieza clave no es esa. Es la cláusula de salida. Si un futuro Gobierno británico rompe el acuerdo tendrá que pagar todos los costes derivados de la reconstrucción de las fronteras: infraestructura, personal, formación, equipamiento, tecnología. No es una multa simbólica, sino un proyecto de ley diseñado para ser políticamente tóxico.

En Bruselas no lo ocultan: la cláusula existe para disuadir a Nigel Farage. El líder de Reform UK no es hoy mayoría parlamentaria. Pero su partido lidera las encuestas en áreas clave y ha logrado algo más importante: ha convertido el Brexit en un arma emocional permanente. Cualquier acuerdo con la UE es, en su narrativa, una “traición”. Y cualquier alineación normativa es “sumisión”. Por tanto, cuando Farage promete que romperá el pacto y no pagará “ni un euro” a Bruselas, la UE se toma en serio las amenazas.

El precedente ya existe. En el acuerdo de pesca firmado el año pasado, Starmer acordó una cláusula similar. Si Londres interrumpe el acceso de las flotas europeas a aguas británicas antes de 2038, se desencadenarán represalias comerciales automáticas. También entonces se habló de la “cláusula Farage”. No es una coincidencia. Bruselas ha pasado de negociar con el Reino Unido como socio a hacerlo como un sistema políticamente inestable.

Desde Downing Street defienden que este tipo de disposiciones son normales en cualquier tratado internacional. Y es verdad. Pero el contexto no lo es. Pocos acuerdos comerciales en el mundo están diseñados explícitamente para proteger contra el posible ascenso al poder de un líder populista en particular.

Ahí radica la paradoja. El “escudo” europeo refuerza exactamente la narrativa que Farage necesita. Cuanto más costoso y automático sea el cumplimiento normativo, más fácil será presentarlo como una humillación nacional. Y cuanto más duras sean las penas, más atractivo resulta romperlas para un movimiento que vive del conflicto.

El problema no es sólo político. También es social. Los agricultores y pescadores (teóricamente los principales beneficiarios del acuerdo) comienzan a rebelarse. Temen que el alineamiento con Bruselas los obligue a adoptar regulaciones más estrictas sobre pesticidas, herbicidas y bienestar animal, encareciendo su producción en comparación con los competidores de terceros países. Para muchos, el Brexit fue precisamente una promesa de desregulación.

Por tanto, el “reinicio” de Starmer corre el riesgo de convertirse en un campo minado. La UE exige estabilidad. Farage promete volatilidad. Y el primer ministro intenta caminar entre ambos sin reabrir la guerra cultural del referéndum.

En definitiva, este año se cumple el aniversario del Brexit y la realidad demuestra que el divorcio histórico no se ha resuelto, sino que se ha transformado en otra cosa: un sistema de frenos, sanciones y cláusulas diseñadas para gestionar la desconfianza mutua. Bruselas ya no se pregunta si el Reino Unido volverá. Se pregunta cómo evitar que se vaya nuevamente de manera caótica si regresa por un tiempo.