Esto no es una anomalía, sino un patrón. El diseño del decreto concentra la protección en los extremos: hogares vulnerables, sectores particularmente expuestos –como el campo o el transporte– y ciertas industrias estratégicas. Es una lógica comprensible desde el punto de vista político y, en parte, también económico. Pero deja una gran zona intermedia sin una red suficiente. Y esa zona es, precisamente, la mayoría social.

El mecanismo es más sutil que un aumento de impuestos directos, pero no menos efectivo. El aumento del gasto público –derivado de ayudas, subsidios y compensaciones– no desaparece mágicamente: se financia mediante deuda o ingresos tributarios actuales o futuros. Según el Banco de España, el margen fiscal sigue siendo limitado, lo que anticipa un escenario de presión sostenida sobre las rentas laborales y el consumo.

A esto se suma el costo de la transición energética, que el decreto promueve y acelera. Electrificación, refuerzo de redes, incentivos a las renovables: objetivos necesarios, sin duda, pero con un impacto económico tangible. Estos costos no se reflejan en un solo rubro visible, sino que se distribuyen en peajes, cargos regulados y ajustes tarifarios. El resultado es una factura de energía que no se dispara, pero que no proporciona un alivio significativo al consumidor medio.

El tercer vector es el negocio. Ninguna regulación es neutral: cuando aumentan los costos –laborales, energéticos o administrativos– las empresas los trasladan, total o parcialmente, a los precios. De ahí que la inflación sea menos estridente que la de los últimos años, pero persistente. Y esa inflación la pagan quienes consumen: la clase media.

La clave del problema reside en la focalización. A A diferencia de las medidas generalizadas de 2022, el enfoque actual dirige la ayuda hacia grupos específicos. Mejora la eficiencia del gasto, pero introduce un efecto secundario obvio: aquellos que se encuentran justo por encima del umbral no reciben apoyo, aunque tampoco tienen la capacidad de absorber cómodamente el impacto.

Se configura así una especie de “zona gris” económica: ciudadanos que no son lo suficientemente vulnerables para ser protegidos ni lo suficientemente ricos para ser inmunes. Pagan una energía algo más cara, soportan precios más altos y también asumen la carga diferida de la deuda pública. Hay que decirlo sin rodeos: no se trata de un fracaso del decreto, sino de la consecuencia lógica de un modelo que combina intervención, gasto selectivo y restricciones presupuestarias. En ese equilibrio imperfecto, la clase media se convierte en el amortiguador.

Y quizás ahí resida el mayor riesgo. No en el costo inmediato, sino en la erosión progresiva de un grupo que apoya el sistema fiscal, el consumo interno y, en última instancia, la estabilidad institucional. Porque cuando la zona gris deja de absorber, el problema deja de ser económico y se vuelve político.