«El futuro del dinero de los andaluces se defiende en la mesa donde están todas las comunidades, no en reuniones bilaterales», remarcó este martes la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, encabezada por Carolina España. «Esto no es una propuesta, es una cortina de humo», advirtió Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. «El mismo modelo que rechazaron 14 de las 15 comunidades autónomas de régimen común regresa disfrazado de reunión bilateral justo cuando el cerco judicial se intensifica en torno al Gobierno», ha subrayado. «De reuniones bilaterales no puede surgir un modelo que afecte a todas las comunidades autónomas», afirmó el conseller de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira. Declaraciones similares han llegado desde Galicia, Cantabria o la Región de Murcia, volar los puentes para cualquier eventual contacto bilateral. Un escenario que el ministro de Hacienda, Arcadi España, ya había mencionado en su posterior comparecencia en el Consejo de Ministros que podría producirse. Los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, que rechazaron el modelo en enero, han mostrado su disposición a acudir a la ronda de contactos.

Pese a todo, el titular de Hacienda anunció que esa misma tarde comenzaría las llamadas para iniciar la negociación de un modelo, que fue presentado hace cinco meses y del que poco se ha sabido desde entonces, pese a que en su carta de este lunes el secretario de Estado del Tesoro trasladaba a los asesores del ramo que el Ministerio no ha dejado de trabajar en el perfeccionamiento técnico de la propuesta. «Queremos que sea ágil», reconoció el ministro Arcadi España. «Espero que todos quieran sentarse».dijo también, anticipándose a lo que podría pasar y de hecho sucedió.

El gancho de los toques técnicos

En su carta del lunes, el Tesoro admitió haber introducido un serie de ajustes técnicos en su propuesta inicial de reforma del sistema de financiación autonómica tras las objeciones planteadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y los comentarios realizados en conversaciones informales con representantes de algunas comunidades autónomas. Para Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea y una de las voces más influyentes en materia de financiación autonómica, los ajustes propuestos por el Ministerio son «retoques técnicos», que en algunos casos pueden contribuir a mejorar la transparencia del sistema, pero que no alteran sustancialmente la propuesta de reparto de fondos comunicada por Hacienda el pasado mes de enero.

Diego Martínez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y otro de los más reconocidos expertos en este campo, entiende que aunque los ajustes mencionados en la carta son menores, abren la puerta a otros cambios «que, respetando la arquitectura del modelo propuesto, podrían tener un alcance sustancial». El experto señala en este sentido que sería aconsejable repensar la definición de población ajustada y la configuración de los dos fondos más controvertidos que contiene la propuesta del Tesoro: el fondo climático y el fondo del IVA para las pymes, que en conjunto representan unos 3.000 millones de euros.

De la Fuente también interpreta como un error que Hacienda intente atraer a las comunidades autónomas del PP a una negociación bilateral. «Para tener alguna posibilidad de que esto llegue a buen puerto, deberíamos negociar directamente con el PP».

A la espera del resultado de la ronda de contactos propuesta por Hacienda, el Gobierno ha intentado este martes desbloquear dos de los temas que más irritaban a las comunidades autónomas y entidades locales gobernadas por el PP. El Consejo de Ministros ha aprobado por segunda vez el reparto de pagos a cuenta del sistema de financiación correspondiente a 2026, tras fracasar el pasado mes de febrero en el Congreso por la intención del Gobierno de aprobarlos junto con otras medidas del llamado escudo social. También se ha aprobado la reforma legal para que los ayuntamientos puedan aplicar sus excedentes almacenados en inversiones socialmente responsables, que por primera vez han incluido inversiones en vivienda.