Las eléctricas presionan al límite para disparar lo que cobran por sus redes en la factura de luz
Las eléctricas siguen presionando ‘in extremis’ al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para conseguir un aumento realmente significativo de la remuneración que perciben por invertir y por operar sus redes. El negocio de las redes es una actividad regulada, en el que las compañías ejecutan las inversiones con un tope establecido por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura de la luz que pagan todos los clientes. Y ahora toca revisar cuánto van a cobrar durante el próximo sexenio.
El Gobierno y la CNMC ultiman sendos procesos de audiencia pública para dar un vuelco al sistema de retribución de las actividades de las redes de transporte (en manos de Red Eléctrica de España) y de distribución (en la práctica dominado por las grandes eléctricas Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, aunque hay unas 300 empresas operativas en el sector). Según la orden de peajes de este año, REE y el conjunto de distribuidoras cobrarán algo más de 7.000 millones con cargo al recibo de luz.
El Ministerio para la Transición Ecológica es el encargado de fijar el tope fijado por ley a las inversiones que pueden hacer las compañías en sus redes y ser remuneradas por ellas, y ya ha confirmado su intención de elevarla sustancialmente. Desde el Gobierno se vincula directamente el establecimiento de los nuevos máximos de inversión con el diseño definitivo de la nueva Planificación Eléctrica 2025-2030, un plan enteramente renovado que sustituirá de manera anticipada el actual que se extendía hasta 2026 y cuya tramitación el Ejecutivo activará en las próximas semanas.
Fuentes gubernamentales subrayan que no tiene sentido establecer nuevos topes de inversión hasta conocer de manera más precisa las inversiones milmillonarias en la red de transporte que recogerá la futura Planificación Eléctrica. Actualmente, a Red Eléctrica se le aplica un límite máximo de inversión del 0,065% del PIB (sin contabilizar el coste de las interconexiones internacionales) y el tope para las distribuidoras es del 0,13% del PIB. En total, la actual regulación establece el que tope anual de las inversiones para las redes de transporte es de unos 1.000 millones y de en torno a 1.800 millones para las de distribución.
Conversaciones ‘in extremis’
En paralelo, la CNMC ultima una consulta pública en la que recogerá su propuesta de cuál será la remuneración que recibirán entre 2026 y 2031 las compañías que gestionan las redes eléctricas de transporte y las de distribución. La consulta pública estaba prevista para el pasado diciembre, pero entonces no se activó. Según fuentes del sector eléctrico, el organismo presidido por Cani Fernández hará pública su propuesta y activará la consulta pública este mes de abril.
Las compañías eléctricas confirman que están apurando estas últimas semanas para seguir presionando para mejorar la propuesta, y que los intercambios de documentación y de información técnica continúa aún ahora . Fuentes oficiales de CNMC prefieren no hacer comentarios sobre los plazos que maneja.
Desde el sector eléctrico se espera (se teme) que la CNMC ofrecerá elevar la tasa de retribución financiera sólo hasta el entorno del 6,5%, desde el 5,58% actualmente vigente. Mientras que las grandes eléctricas que controlan el negocio de la distribución reclaman igualar las condiciones retributivas de sus redes con las que se reconocen en otros países europeos, lo que supondría elevarlas al menos hasta el 7,5% (e incluso superar el 8% durante el próximo lustro, pero lo ven casi imposible).
Las compañías calculan que elevar la tasa de retribución hasta el 7,5% implicaría aumentar su retribución en torno a 670 millones de euros cada año, lo que conllevaría una remuneración extra de al menos 4.000 millones para el próximo periodo regulatorio hasta 2031 y que se cargaría a la factura de la luz que pagan todos los clientes a través de los peajes de acceso (uno de los conceptos regulados del recibo), según las estimaciones que manejan las grandes eléctricas y que confirman fuentes del sector. La cifra previsiblemente será superior a esos 4.000 millones, ya que las inversiones en las redes deberían ser superiores a las actuales en los próximos años y, por ello, la remuneración también iría creciendo.
Más y mejores redes
La expansión y modernización de las redes eléctricas resultan irrenunciables para la transición energética y para impulsar la electrificación del consumo. La columna vertebral del sistema eléctrico resulta vital para integrar el despliegue masivo de nuevas energías renovables y para conectar los grandes proyectos industriales, por el ‘boom’ en ciernes de nuevos centros de datos o a la espera de las futuras plantas de hidrógeno verde.
Harán falta más y mejores redes eléctricas. Y harán falta inversiones millonarias en los próximos años para desplegarlas. Las grandes eléctricas calculan que serán necesarias inversiones de 30.000 millones de euros en la próxima década para ampliar y modernizar sólo las redes eléctricas de distribución, unos 3.000 millones al año hasta 2035.
La estimación contempla los 1.800 millones de euros que actualmente ya se invierten de media cada año por las distribuidoras y Red Eléctrica, y otros 1.200 millones extra para desplegar nuevas redes sólo para poder conectar el aluvión esperado de nuevos centros de datos, plantas de hidrógeno verde y la electrificación de los puertos españoles. Las proyecciones que maneja el sector apuntan a un aumento de la capacidad de 50 gigavatios (GW) para conectar sólo este tipo de grandes clientes.
Las grandes eléctricas y también la patronal Aelec han venido alertando de que sin más y mejores redes eléctricas la transición energética en España es inviable y también denuncian que la falta de capacidad de sus redes de distribución han hecho que se pierdan en los últimos años miles de proyectos industriales en España por la imposibilidad de conectarlos. Hasta el punto de que las grandes distribuidoras han tenido que rechazar cerca de una de cada tres peticiones de conexión a sus redes tanto por falta de capacidad para poder atenderla y enchufarla como por el alto coste que implicaría lanzar nuevas líneas ad hoc para un determinado proyecto, que corre a cargo del propio cliente.
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