la distribución de gasto público español ha sufrido una profunda transformación durante las últimas tres décadas, según un análisis de Fedea. Si bien el volumen total de gasto sobre el PIB apenas ha cambiado entre 1995 y 2024, pasando del 44,1% al 45,5%, ha habido un cambio significativo en su composición interna. La mayor parte del crecimiento real del gasto público en ese período proviene de un solo capítulo: las pensiones.

El gasto total de las administraciones públicas ascendió a 725.001 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento real del 3,7% respecto al año anterior. Si se toma como referencia el periodo 1995-2024, el gasto público medido en euros constantes ha aumentado en 330.387 millones. La mitad de esa cifra se explica por el aumento del gasto social, y prácticamente la totalidad de ese aumento corresponde a las pensiones. Este concepto por sí solo aporta 162.223 millones adicionales respecto a 1995, cantidad que de por sí equivale a cerca del 50% del crecimiento total del gasto público observado desde entonces.

Los acontecimientos recientes amplifican esta tendencia. Entre 2010 y 2024, el El gasto público aumentó en términos reales en 112.603 millones. De este incremento, 97.990 millones corresponden a pensiones y otros 14.739 millones a asistencia sanitaria. El resto de las políticas públicas muestran una contribución mucho más modesta: la educación apenas representa el 8,3% del incremento total; asuntos económicos, alrededor del 6%; la vivienda, la defensa o la cultura incluso han visto reducido su peso relativo. El giro presupuestario hacia las pensiones y la salud se explica tanto por el envejecimiento demográfico como por el aumento del número de pensionistas y la actualización de las prestaciones en un contexto de revalorizaciones sistemáticas.

Los datos de gasto per cápita permiten apreciar claramente esta reconfiguración. En 2024, cada residente soportaría un gasto público equivalente a 4.212 euros en pensiones2.102 euros en sanidad y 1.345 euros en educación. Más atrás se sitúan la inversión pública (885 euros), las ayudas a familias y niños (312 euros) o las políticas de vivienda (155 euros). Además, las pensiones son la única política cuyo gasto per cápita ha crecido significativamente desde 2009, alcanzando niveles equivalentes al 12,9% del PIB.

La concentración del gasto en protección social se traduce en un peso creciente sobre el presupuesto total. En 2024, este capítulo ya absorbe el 41% del gasto públicoy las pensiones representan el 69% dentro de ese bloque. El resultado es que el 28,4% de todo el gasto público en España se dedica exclusivamente al pago de pensiones. Este patrón contrasta con la disminución del peso de otras áreas: los servicios públicos generales –especialmente debido a menores pagos de intereses– han caído 2,2 puntos del PIB; los asuntos económicos en 0,7 puntos; vivienda en 0,6 puntos; defensa por 0,5 puntos; educación y seguridad en alrededor de dos décimas cada uno. Sólo el medio ambiente y la salud han mejorado su peso relativo, aunque lejos del ascenso del gasto en pensiones.

Los datos muestran, por tanto, que la economía española ha dedicado los márgenes generados por el menor coste de la deuda pública, la reducción de la inversión y el aumento de la recaudación provocado por una cascada de medidas recaudatorias a reforzar fundamentalmente el capítulo de pensiones y, en menor medida, el de sanidad. Este cambio estructural tiene implicaciones de largo alcance.

El llegada masiva de la generación baby boom a la jubilaciónjunto con la creciente longevidad y el ritmo de revalorización automática de las prestaciones, anticipa un escenario de márgenes presupuestarios estrechos. Si no se introducen reformas, el espacio para financiar políticas de alivio fiscal o medidas destinadas a impulsar el crecimiento será cada vez más pequeño, desplazado por el aumento vertiginoso del gasto social y cada vez más concentrado en los pensionados.