Más de cuatro meses después del accidente de tren de Adamuz, en el que murieron 46 personas el 18 de enero, las víctimas y sus representantes legales empiezan a expresar públicamente su malestar por el ritmo de las investigaciones. Las principales críticas se dirigen a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo dependiente del Ministerio de Transportes encargado de analizar las causas técnicas del accidente y elaborar un informe final.

Según la Asociación de Víctimas de Adamuz, la actividad de la comisión se ha reducido prácticamente al mínimo durante las últimas semanas. La última actuación conocida tuvo lugar el 28 de abril, cuando la CIAF remitió al juzgado de Montoro un informe elaborado por la Guardia Civil que reforzaba la hipótesis inicial sobre el origen del accidente: la posible rotura de un raíl como desencadenante del descarrilamiento del convoy de Iryo antes de colisionar con un tren Alvia.

Desde entonces, No ha habido avances públicos ni nueva comunicación oficial. Esta falta de movimiento ha aumentado la preocupación de las familias afectadas, que exigen más agilidad y transparencia en una investigación considerada fundamental para esclarecer responsabilidades.

Antonio Benítez Ostos, abogado que coordina la defensa de la asociación de víctimas, cree que el principal retraso no radica sólo en las impugnaciones planteadas contra dos de los tres peritos judiciales designados, sino en la complejidad del propio procedimiento técnico. Según él, el nombramiento de especialistas calificados se retrasó varias semanas debido a la dificultad de encontrar profesionales con amplia experiencia y dispuestos a realizar trabajos de esta magnitud.

A pesar de esto, El abogado espera que la situación se resuelva pronto. La decisión judicial sobre los litigios se espera para los próximos días y permitiría finalmente iniciar los análisis técnicos de la vía y de los elementos recabados tras el accidente.

Las víctimas también arrojan luz sobre el funcionamiento interno de la CIAF. Desde la representación jurídica recuerdan que diversos informes de la Agencia Ferroviaria Europea habían alertado previamente de deficiencias estructurales, limitaciones presupuestarias y falta de recursos técnicos dentro del órgano investigador. En opinión de los afectados, estas deficiencias impedirían una respuesta rápida en caso de accidente de extrema gravedad.

Mientras tanto, El debate político también continúa. Durante una reciente comparecencia en el Parlamento, la exministra de Transportes Raquel Sánchez evitó comentar las causas concretas del accidente y defendió esperar a las conclusiones oficiales de la investigación. La ex funcionaria ministerial también criticó el uso político que, según ella, se hace del dolor de las víctimas.

Paralelamente, la asociación de afectados ya investiga futuras reclamaciones inmobiliarias contra Adif tras las conclusiones preliminares recogidas en el informe de la Guardia Civil. Las familias insisten en que además de esclarecer lo sucedido, es fundamental determinar si hubo fallas en el mantenimiento o seguimiento de la infraestructura ferroviaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas las últimas noticias y actualizaciones de antena3noticias.com