El Este miércoles, la Fiscalía Anticorrupción rechazó el pedido de la defensa de Cristóbal Montoro de archivar su caso al apreciar “graves acciones de corrupción”. Están imputados el ex Ministro de Hacienda y otras 27 personas.

Los acusados ​​presuntamente participaron en un complot en el que varios Las empresas pagaron al despacho de Montoro, Equipo Económico, para obtener un trato de favor por parte de Hacienda durante su segundo periodo al frente de la cartera (entre 2011 y 2018).

Se les acusa de delitos de Soborno, prevaricación, fraude contra la administración pública.corrupción y falsificación de documentos, en una investigación que comenzó en 2018.

Su defensa pidió invalidar el proceso al considerar que la investigación había «un aspecto político y mediático»pero Anticorrupción apoya al juez de instrucción, Rubén Rus, afirmando que ha seguido «un comportamiento escrupuloso y exquisito».

La Fiscalía ha sido muy tajante en su escrito, ya que entiende que la contratación de Equipo Económico fue el peaje que tuvieron que pagar estas empresas para conseguir sus objetivos: recortes de impuestos o cambios en la legislación.

Además, hay un correo electrónico absolutamente clave en este caso que fue incautado a uno de los directivos de una de las empresas de gases industriales que decía: «La forma más directa, como siempre, es pagarle a ese Equipo Económico»una oficina directamente vinculada a Montoro.

En este sentido, Anticorrupción indica que los correos electrónicos interceptados en la presunta trama revelan una «corrupción que no involucra ideología política alguna».

¿Qué sigue?

La investigación judicial comenzó hace siete años y el pasado mes de julio se hizo público el proceso. Ahora lo que debería pasar es que En cuestión de unas semanas, los principales investigados comenzarán a declarar ante los tribunales.

De momento, las defensas piden la anulación del caso por el descubrimiento accidental de ese correo clave y argumentan que el juzgado de Tarragona no es competente para investigar estos hechos. Además, critican los más de siete años de investigación en los que se ha mantenido en secreto la causa.

Sin embargo, la Fiscalía apoya al magistrado y la investigación continúa a la espera de esas primeras declaraciones en el tribunal.

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