Los diplomáticos denuncian la sobrecarga de los consulados por la regularización de inmigrantes y la Memoria Democrática
La política es el arte de lo posible. Pero, en ocasiones, se hace casi imposible atender lo prometido por la política. En esta situación dicen los diplomáticos que se encuentra la red consular española: intentando cumplir con una cantidad de servicios para los que no tienen dotación suficiente.
[–>[–>[–>Afean al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro José Manuel Albares haber prometido ahora una regularización masiva de inmigrantes (que requiere de papeleos también en los lugares de origen que involucran a las delegaciones españolas) sin haber preparado una dotación especial para evitar atascos. Y que todo ello se suma a la sobrecarga de trabajo a la que se enfrenta ya la red consular tras la llamada «ley de nietos» de la Ley de Memoria Democrática, con la que el Ejecutivo dio nacionalidad a los descendientes de la emigración española.
[–> [–>[–>“Llueve sobre mojado. No ha habido planificación asociada a esta decisión política. En cualquier administración sensata se habría determinado primero qué recursos hacen falta para llevar a cabo esa regularización», dice a EL PERIÓDICO Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, la mayoritaria en la Carrera. «Abres una vía sin dotación y luego te encuentras con frustraciones y problemas: de los que tienen derecho a ser atendidos y del personal que tiene que tramitarlo. Los consulados de España en el extranjero están abrumados por la carga que supondrá la regularización de inmigrantes. Solo con el anuncio, sin que haya empezado el plazo de presentación de solicitudes en abril, ya estamos en una fase preliminar de presión«.
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Esto mismo lo han expresado por escrito en una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantada por Europa Press y a la que ha tenido acceso este periódico.
[–>[–>[–>Regularización de medio millón de personas
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El 27 de enero, el Consejo de Ministros anunció una regularización de inmigrantes residentes en España. Comenzará en abril y estará abierta hasta el 30 de junio de 2026. Se estima que podrán acogerse al menos medio millón de extranjeros actualmente residentes en España, aunque si se incluye a los familiares que vendrán posteriormente como reunificación familiar, la cifra será considerablemente superior.
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El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una sesión de control del Gobierno, en el Congreso de los Diputados, el 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra / Europa Press
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Para solicitarla se exigen una serie de documentos. Lo primero es demostrar que se estaba en España antes del 31 de diciembre de 2025 y probar una permanencia continuada mínima de cinco meses. También se pide un certificado de que no se tienen antecedentes penales.
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[–>«Los documentos tienen que estar compulsados por el consulado en el país de origen, o por la sección consular de la embajada, salvo en aquellos que estén adheridos al Convenio de la Apostilla de La Haya», explica Virella. «Después pedirán la reagrupación familiar de cónyuges e hijos, y eso lo harán a través de los consulados también. Son centenares de miles de potenciales solicitantes más».
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El «boom» de la «ley de nietos»
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«Tenemos que dar servicio a tres millones de españoles con los mismos recursos que a principios de este siglo, cuando eran un millón», aporta a este diario un cónsul general español. «Y esos se convertirán pronto en cinco millones, con sus consiguientes inscripciones de registro civil, pasaportes, etc…»
[–>[–>[–>Parte de ese drástico aumento proviene de la llamada “ley de nietos”, una vía de acceso a la nacionalidad española abierta por la Ley de Memoria Democrática de 2022. Los descendientes de españoles en el exterior podían pedir la nacionalidad, sobre todo hijos y nietos de exiliados o emigrantes que la perdieron o no pudieron transmitirla. Hubo un aumento masivo de solicitudes en muy poco tiempo, especialmente en países de América Latina, y, en concreto, en Argentina, México o Cuba, países destino del exilio español. En total, se han recibido más de 2.400.000 solicitudes de nacionalidad.
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Ese aumento de la demanda se tradujo en un sistema de citas saturado y retrasos en tramitación de expedientes. El propio Gobierno reconoció la sobrecarga y la necesidad de refuerzos de personal.
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Críticas del Defensor del Pueblo
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El asunto llegó hasta el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que pidió en marzo del año pasado a Exteriores el refuerzo de los medios personales y materiales de los consulados. Las quejas se habían disparado en 2024 por la implementación de la «ley de nietos». Cuba y Ecuador eran países desde los que más protestas se produjeron.
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Se ponía como ejemplo el Consulado General en Sao Paulo (Brasil), donde había más de 50.000 solicitudes pendientes. También se apuntaba a la situación de los consulados de La Habana (Cuba), Casablanca (Marruecos) o Miami (Estados Unidos).
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La situación debería ir mejorando, porque el plazo para la presentación de esos expedientes terminó en octubre del año pasado. Pero la tramitación sigue atascando la tarea consular.
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El Gobierno incumple la ley de 2014
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La Ley de Acción y Servicio Exterior de 2014 mandata la elaboración de un informe por parte del Gobierno sobre los recursos en el exterior. El primero debió hacerse tras la aprobación de la ley, en el Gobierno de Mariano Rajoy. Después, uno nuevo cada dos años. No se ha hecho ninguno. «Se han ido sumando servicios y procedimientos sin un solo informe, análisis o estudio sobre su ejecución«, se queja la ADE.
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El ministerio de Exteriores no ha respondido a las preguntas realizadas por EL PERIÓDICO para este artículo, en particular a por qué no se ha realizado el citado informe de medios. En X ha publicado el pasado viernes una serie de mensajes en los que se reconoce que la red consular ha tenido que asumir “un esfuerzo extraordinario” por el impacto de la Ley de Memoria Democrática, pero se afirma que se han realizado mejoras.
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Entre ellas, se está implementando el «Plan de Digitalización Consular» para facilitar trámites sin desplazamientos. Asegura el departamento dirigido por Albares que ha habido un «refuerzo de recursos humanos y materiales” en oficinas con más carga y que se ha «redimensionado» la red diplomática y consular mediante nuevos consulados, aunque no aporta cifras.
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«No ha habido dotación sustancial»
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Desde la ADE discrepan. Aseguran que en los últimos años «no ha habido una dotación sustancial de los consulados». Se sigue, afirman, el principio impuesto por el Ministerio de Hacienda de que cualquier cambio debe hacerse a coste cero, en la Administración en el exterior en particular. No se crea ningún puesto adicional, sino que se cierra una cosa para abrir otra.
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«Sí hubo algo de contratación de personal laboral local durante la aplicación de las leyes de memoria histórica y memoria democrática, y se creó provisionalmente un número limitado de cónsules adjuntos», remata Virella.
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También critican la premura de la implementación. Con la Ley de Memoria Histórica de 2007 se designó un plazo de vacatio legis de un año desde su aprobación hasta su entrada en vigor, que sirvió para preparar la administración, los consulados y los procedimientos. Con la de Memoria Democrática no lo hubo. Para la regularización, el preaviso ha sido de tan solo un par de meses.
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