Entre las propuestas, el Presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, destacó la necesidad de una mayor coordinación entre las administraciones para evitar que las políticas de empleo pasivo desanimen la búsqueda de empleo. La necesidad de fortalecer la respuesta de los desempleados, exigiendo un cumplimiento efectivo del compromiso de buscar un empleo activo y continuoPor lo que los economistas y los analistas de Fedea exigen el establecimiento de condiciones más estrictas al rechazar las ofertas de trabajo apropiadas que se les presentan de los servicios de empleo público.

«No ayuda a la definición laxa del compromiso de activación de las personas desempleadas y la oferta de trabajo adecuada para estimular la búsqueda laboral de personas de desempleo. Los incentivos para promover la colaboración entre las administraciones están desalineados (que controla el cumplimiento de las obligaciones no paga los beneficios, y el que paga no controla) ”, dijo)”, dijo. Miguel Ángel GarcíaDoctor en Economía, Profesor de Economía Aplicada (URJC) e investigador asociado en Fedea.

A lo largo de la misma línea, Salvador GuillermoDirector de Estudios y Economía para la Promoción del Trabajo y el Consejero del Consejo Superior de Estadística de la Ine en la representación del Consejo de Economistas, enfatizó que la mejora del empleo reflejada en la situación actual de las políticas públicas de empleo en España «no es tan debida a la efectividad de estas políticas, sino a la inercia del crecimiento económico. Y afirma que «el empleo ha crecido principalmente debido al impulso del sector privado, aunque ya enfrentan dificultades para cubrir vacantes, incluso en pequeños perfiles calificados». En este contexto, propone el impulso de los servicios públicos de «Planes de choque de empleo»que prestan especial atención a los desempleados a largo plazo, proporcionándoles Apoyo formativo y psicológicopara facilitar su restablecimiento al mercado laboral.

Dada la fragmentación del marco regulatorio actual que dificulta la gestión efectiva, al establecer una separación entre la administración de beneficios económicos (a cargo del sepe) y las políticas de empleo activo (competencia de las comunidades autónomas), los expertos advierten de un Descoordinación institucional: «La quién financia los beneficios no controlan su ejecución y quién administra las políticas activas carece de competencias en la ayuda financiera». Todo esto manifiesta la necesidad de fortalecer el vínculo con el tejido productivo, para conocer con precisión las necesidades de las empresas de diseñar estrategias más efectivas en los incentivos laborales.

En la apertura del acto, Valentín Pich Hizo hincapié en que si desea que las políticas de empleo activas tengan un impacto real en la empleabilidad, es esencial que estén sujetos a Procesos de evaluación continua que permiten identificar lo que funciona y lo que debe corregirse. Además, considera que las políticas de capacitación deben estar estrechamente alineadas con las necesidades del tejido de negocios, para que brinden a las personas las competencias que el mercado laboral realmente exige para facilitar su inserción.

Por su parte, Ángel de la Fuente ha indicado que, más importante que la norma es que hay un Compromiso real para proporcionar servicios de empleo público para los medios necesariosasí como el éxito en el diseño y la gestión de sus servicios y sus herramientas de trabajo, «que debe modernizarse para explotar de manera más eficiente la información abundante disponible».