El ritmo de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) «ha perdido su ambición transformadora y ha llevado la aplicación de fondos europeos en España al fracaso global, pese al intento de tapar la incompetencia del Gobierno y de Pedro Sánchez anunciando un fondo soberano para no tener que devolver otros 10.500 millones de euros». Así lo ha denunciado el Partido Popular, que ha registrado en el Congreso una batería de 134 iniciativas para incrementar el control del Gobierno sobre la ejecución de los fondos Próxima Generación y el impacto de la última adenda aprobada por el Ejecutivo. El PP solicita la comparecencia de los 22 ministros para explicar la ejecución en cada uno de sus ámbitos, registrando 14 preguntas orales y 97 preguntas escritas.

Fuentes populares informan que el Gobierno ha renunciado al 37% de los fondos disponibles, que suponen 60.454 millones de euros de los 163.000 millones concedidos. «Ha renunciado al 40,4% del Perte que debía transformar nuestra economía, pasando de 42.480 millones a 25.314, en sectores punteros como la fabricación de chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el sector sanitario». Lamentan también la reducción de ambición del Perte del Agua, en el que se reducen 1.805 millones de euros, un 51,8% menos y que se renuncia a inversiones por más de 10.000 millones que afectan a todos los sectores estratégicos: desde vivienda, sanidad, transporte, medio ambiente, digitalización, I+D, turismo, industria, formación, pymes, universidades, hasta las ayudas a Dana y la no aprobación de 17 Leyes con grandes reformas estructurales. importantes, como la Ley de Industria, la Ley de Pesca, la Ley de Diversidad Familiar o las leyes de salud, entre otras. «España ha perdido una oportunidad de transformar nuestra economía y garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible en las próximas décadas. El Gobierno no ha sido capaz de diseñar un plan adaptado a las necesidades de la economía española, donde la burocracia, la falta de coordinación con los sectores y comunidades y la ausencia de una gestión eficaz ha dificultado el impacto esperado.

Y los números les dan la razón. España tendría que incrementar en más de un 80% el ritmo de ejecución mensual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta una media de 2.200 millones de euros, para alcanzar el 100% de las inversiones comprometidas dentro del calendario acordado con Bruselas. Es una de las conclusiones del último informe elaborado por BBVA Research, que alerta de que, aunque España ha logrado desplegar una parte muy significativa de los fondos europeos, «el ritmo de ejecución reciente se ha enfriado y no es suficiente para completar las inversiones programadas».

Según el análisis de este «think tank», a un mes de finalizar el ejercicio 2025, se habían adjudicado contratos y ayudas por un importe equivalente al 75% de las transferencias previstas, cerca de 59.900 millones de euros, lo que representa alrededor del 3,6% del PIB. Pero con este ritmo, al cierre del periodo oficial de ejecución del Plan –con fecha de agosto de 2026– sólo se habrían completado menos del 89% de las transferencias previstas, unos 70.800 millones de euros. «Aun ampliando la ejecución hasta diciembre de 2026, el grado de cumplimiento no superaría el 95% de las inversiones previstas», apuntan.

Además, el estudio muestra las diferencias entre los destinatarios de estos fondos, ya que a pesar de que particulares y pequeñas empresas concentran la mayoría de los más de 1.410.000 beneficiarios –las inversiones del plan han llegado principalmente a particulares (62%) y pequeñas empresas (26%)–, estos grupos sólo concentran el 5% y el 25% de los fondos, respectivamente, mientras que las grandes empresas, pese a representar sólo el 1,4% de los beneficiarios, absorben alrededor del 30% del importe total concedido por Bruselas.

Además, la mayor parte de los fondos se concentran en los programas Moves y Kit Digital, que suponen casi el 70% del total, con 164.034 y 795.844 beneficiarios, por lo que el PP afirma que «la capacidad transformadora con la que se diseñaron estos fondos no se ha alcanzado en España». En el caso de Moves, el 87% de los beneficiarios son personas físicas, que han recibido el 38% de los fondos del programa (466 millones de euros). En el Kit Digital, los principales destinatarios son los autónomos, los particulares y las microempresas, que concentran la mayoría tanto de las concesiones como del importe concedido: el 58% y el 29% de las concesiones y el 42% y el 28% del importe, respectivamente.

En cuanto a su reparto, el informe señala que los fondos del plan se están repartiendo por todo el territorio, aunque con mayor peso en las comunidades más grandes: Madrid, Cataluña y Andalucía –que representan el 51% del PIB nacional y el 49% de la población–, donde se concentra el 48% del gasto ejecutado. Sin embargo, cuando se analiza la inversión en relación con el PIB, los datos sugieren que las comunidades con menor PIB per cápita están recibiendo una proporción mayor. «Un Gobierno que ha utilizado transferencias de fondos europeos para poder justificar sus actuaciones sin tener que aprobar los presupuestos Generales del Estado pretende ahora hacer lo propio con el fondo España Crece», concluyen desde el Partido Popular.