Rebelión en el seno de Hacienda contra María Jesús Montero. El Colegio de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha vuelto a mostrar su rechazo a cualquier propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica que introduzca «de forma preocupante el traspaso de competencias de gestión de la Agencia Tributaria» a las comunidades «con mayor vocación de autogobierno», porque supone «una fragmentación de la Administración Tributaria del Estado» y denunciaron que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evita abordar este tema «porque es consciente de que supondría un incremento importante de los gastos públicos». gasto».

En concreto, IHE denuncia que Montero pretende desplegar un nuevo modelo para que las agencias tributarias regionales puedan asumir mayores competencias de gestión en aquellos territorios «que tengan mayor vocación de autogobierno». Para los inspectores de Hacienda, este traspaso supondría, en la práctica, una división de la administración tributaria estatal, «un aspecto que la ministra evita abordar porque es consciente de que conduciría a un aumento significativo del gasto público y a una ineficiencia e ineficacia sin precedentes en la gestión fiscal». Además, esta transferencia también conduciría a «una ineficiencia e ineficacia sin precedentes en la gestión fiscal».

Los inspectores de Hacienda advirtieron también de que el nuevo sistema de financiación autonómica resultará «inasumible para los ciudadanos españoles», y consideran que pone en riesgo la prestación de servicios esenciales de la AEAT, como las campañas del IRPF, y debilitaría «gravemente» la lucha contra el fraude fiscal.

También consideran que el Estado tendrá que asumir gastos adicionales «que sólo podrían cubrirse mediante aumentos de impuestos».

Por su parte, los técnicos de Hacienda consideran imprescindible reforzar los compromisos con la estabilidad presupuestaria, así como con la eficiencia y transparencia en la ejecución del gasto y las inversiones públicas, garantizando su rentabilidad social y sometiéndolas a un control reforzado y eficaz de la ejecución del gasto. En relación al criterio de ordinalidad, el sindicato Gestha ha señalado que no es un principio constitucional, ni está regulado en la normativa vigente en materia de financiación autonómica. Por ello, vuelve a alertar de que el criterio de ordinalidad presentaba riesgos de inconstitucionalidad, y el reto de la negociación es mantener las cuantías del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, mecanismos que garantizan un nivel mínimo de prestación de servicios públicos fundamentales en todas las comunidades.

Montero ha presentado este viernes la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que incrementaría en 20.975 millones de euros los recursos para las comunidades de régimen común y aumenta los porcentajes de transferencia fiscal a los territorios para «reforzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal», dijo Montero. Así, la transferencia del IRPF pasará del 50% al 55% y la del IVA subirá del 50% al 56,5%, lo que aumentaría en unos 16.000 millones de euros hasta 2027, año en el que se espera que el modelo esté vigente. Montero espera que el modelo entre en vigor en 2027, aunque se trata de una Ley Orgánica que debe pasar por todos los trámites previos en el Congreso, donde no cuenta con mayoría.