Los problemas de la empresa, o sea, del empleo
Cuando hablamos de empleo, deberíamos hablar de empleo primario y de empleo secundario: empleo primario, el que crean las empresas y los autónomos que producen riqueza operando en el mercado; secundario, el que crea la Administración pagándolo con lo recaudado de la riqueza generada a través del empleo primario. El que el empleo de la Administración sea absolutamente necesario en muchos casos (pongamos la sanidad, por ejemplo, o la policía) no empece el que su sostenimiento dependa del primario.
[–>[–>[–>Pues bien, las empresas, en general, y las empresas asturianas, en particular, están sometidas a una serie de condicionamientos que lastran su funcionamiento y su crecimiento. Uno de ellos es la fiscalidad, que estos días ha provocado una riada de manifestaciones en los medios. Empecemos por los autónomos. Se lo trasmito a ustedes en titulares: «Los autónomos asturianos se rebelan y exponen su dura realidad: ‘Pagas impuestos y no te queda para nada’». Representantes del transporte, los carburantes, el comercio, la hostelería, la construcción y la metalurgia lamentan el esfuerzo extra al que se ven sometidos frente a sus rivales para rentabilizar su actividad: «Así es difícil competir desde aquí y fijar empresas en Asturias». Para la pequeña empresa, la empresa familiar, tampoco las cosas son fáciles. He aquí lo que dice un asesor fiscal: «La presión fiscal en Asturias es la más alta. Tengo una estadística con las empresas de toda la vida que están cerrando en las Cuencas por la presión del fisco municipal y autonómico». Pero, en general, tampoco lo es para las empresas de mayor tamaño: «En Asturias los costes son más altos, y así es difícil competir y fijar empresas», dice Ovidio de la Roza, directivo de Asetra. O un empresario de éxito en innovación y empleo como Álvaro Platero, que pide a los políticos «que pongan menos trabas burocráticas y no nos penalicen fiscalmente por estar aquí. Tenemos más carga fiscal que otras comunidades». Francisco Rodríguez, de Reny Picot, respecto a los retos económicos de Asturies: «Lograr que nuestros territorios autonómicos no tengan un trato desigual en materia de ayudas para la creación de empleo». Y, en un titular de LA NUEVA ESPAÑA: «Estallido empresarial contra la presión fiscal asturiana: ‘Es insostenible’. ‘Nos resulta imposible hacer más contratos o invertir en formación’, alertan diferentes colectivos profesionales, ‘incapaces’ de competir con otras regiones».
[–> [–>[–>Es cierto que desde el Gobiernu se rechaza que los impuestos resten competitividad a la región: se argumenta que la mayor parte de la fiscalidad empresarial en toda España es la misma, y que incluso, en este año, 64 empresas se han trasladado de Madrid aquí. Don Adrián Barbón argumenta, además, que la subida a las rentas más altas permite la mejora de los servicios y el sostenimiento en un excelente nivel de los más importantes.
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Aunque siempre habrá un punto de queja excesivo, «pro domo sua», entre los empresarios, autónomos o no, no cabe duda de que esa unanimidad de ellos y de los asesores encierra una parte de verdad, sin olvidar que impuestos como el de Patrimonio o el de Sucesiones se reducen prácticamente a cero en otras comunidades, algunas de ellas, vecinas. Y, por otro lado, y con respecto a las afirmaciones de la excelencia de los servicios y su mantenimiento mediante los impuestos, quizás se podría examinar con detenimiento el conjunto del gasto público, seguramente ineficaz, injusto o excesivo en algunos campos.
[–>[–>[–>Pero no es únicamente la fiscalidad el problema del empleo, esto es, de la empresa. Lo son otras muchas cuestiones. Por ejemplo, el de la burocracia. He aquí un informe de este año de la UE sobre España: «Bruselas señala que el ‘71% de las empresas consideran la complejidad de los procedimientos administrativos como un problema para su actividad’, mientras que ‘las diferencias regulatorias entre regiones desincentivan la expansión simultánea de las empresas a distintas comunidades, limitando la innovación y la eficiencia’».
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A esto se suma la hiperinflación normativa: en 2022, la Administración española aprobó nada menos que 11.775 nuevas normas, alimentando un laberinto legal que castiga más a los pequeños, según las autoridades europeas. Busquen ustedes más, comparen con otros países y verán la magnitud del problema.
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[–>Otro de los impedimentos es el del absentismo. Es muy alto en toda España, lo es especialmente en Asturies. Que las actividades administrativas y de servicios auxiliares conciten la mayor tasa de absentismo lo dice casi todo. El todo lo dice el que el absentismo alcance sus mayores cifras en lunes y viernes. La legislación ayuda a ello, y, desde luego, los sindicatos no tienen interés alguno en intervenir en la cuestión.
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Podríamos seguir con la falta de personal para cubrir puestos de trabajo que se ofertan –compatible con el alto número de parados– o la falta de trabajadores cualificados para muchos empleos, desde la albañilería a otros más técnicos, sin que se sepa muy bien para qué sirven los talleres o servicios de la Administración o a ella adscritos que, en principio, parecen estar dedicados específicamente a ello.
[–>[–>[–>Pero quiero fijarme ahora en otro aspecto, la incapacidad de las administraciones para realizar bien sus proyectos.
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El Ayuntamiento de Xixón elabora un plan para construir vivienda protegida, el Plan Llave. Tras varias modificaciones, la licitación queda desierta: los precios considerados quedan fuera de la realidad económica, en parte, porque el Gobiernu estima los precios de los módulos de vivienda fuera de la realidad. Cinco licitaciones hubo de realizar el Gobiernu para sacar adelante las obras de la cúpula de la iglesia de la Universidad Laboral. Dos, para la ampliación del Hospital de Cabueñes, ahora detenida y en pleito por discrepancia entre la empresa y el Principáu sobre el proyecto de ampliación.
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¿Inutilidad? Por supuesto. ¿Desconocimiento de la realidad? Por supuesto. ¿Discursividad –eso que llaman ideología– frente a racionalidad? ¡No me digan! n
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