Él Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha vuelto a poner en duda la eficacia de uno de los programas estrella de Bruselas en materia medioambiental. En un informe publicado este jueves, auditores comunitarios concluyen que no está claro que los proyectos estratégicos de la programa VIDA Realmente sirven para algo. El presupuesto total de estos fondos públicos destinados a financiar proyectos de «economía circular, biodiversidad, clima y energías limpias» asciende a 5.400 millones de euros para el periodo 2021-2027.

Los expertos han revisado 22 de los 95 proyectos puestos en marcha hasta abril de 2025 (cuatro de ellos en España) y han concluido que «no está claro» en qué medida contribuyen a los objetivos medioambientales que persiguen. Además, la auditoría concluye que las iniciativas No siempre priorizan las necesidades más urgentes de los Estados miembros y la Comisión no tiene criterios ni control para evaluar si, gracias a estos fondos públicos, el proyecto realmente contribuye en algo a los objetivos ecológicos.

En lo que respecta a España, la Comisión anunció en noviembre que asignará 44,7 millones de euros para financiar 27 proyectos del programa LIFE. De hecho, nuestro país se encuentra entre los Estados con más iniciativas de este programa desde la década de los noventa, acumulando más de mil proyectos.

falta de control de fondos

A pesar de esta avalancha de fondos públicos, el Tribunal observa que muchos proyectos no atacan los problemas ambientales más urgentes. A esto se suma que no existe un sistema efectivo para compartir resultados o convertir estas experiencias en modelos replicables, uno de los objetivos declarados del programa.

El seguimiento tampoco va bien. El informe denuncia herramientas de control inconsistenteslos cuales no nos permiten verificar si las acciones generan cambios sustentables en la gestión o gobernanza ambiental de los territorios afectados.

En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas pide a la Comisión Europea que ajuste mejor los proyectos a las necesidades reales de cada país, aclare cómo deben medirse los fondos movilizados y reforzar el intercambio de buenas prácticas. También exige una mayor participación de las administraciones nacionales responsables de las estrategias medioambientales, para evitar que los proyectos se queden en meros ejercicios de gasto público sin impacto mensurable.