La ofensiva judicial contra Zonas de bajas emisiones (ZBE) se intensifica. Esta misma semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó el inicio de la ejecución de la sentencia que declaró nulas las restricciones en la capital, mientras Vox anuncia un nuevo paquete de recursos contra siete municipios del área de Barcelona. La cascada de sentencias que cancelan temporalmente estas zonas en toda España socava un modelo que los defensores de la movilidad sostenible defienden y sus detractores califican de peajes de clase.

Lo que necesitas saber

• Por qué es importante: Los tribunales están derribando a las ZBE por carecer de justificación técnica y por discriminar a familias con menos recursos, lo que podría llevar al levantamiento de las restricciones en varias ciudades.
• Cómo te afecta: Si se ejecutaran las sentencias, se podrían eliminar millones de multas ya impuestas y se permitiría conducir sin etiqueta medioambiental en zonas actualmente restringidas.
• Puntos clave y plazos: El TSJM ha ordenado la anulación de la ZBE de Madrid, con 3,5 millones de multas en el aire. Vox se dirigirá en los próximos meses a las ZBE de Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat.

El efecto dominó de las sentencias contra las ZBE

El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) ya había advertido hace más de un año que las ZBE «tenían los días contados», según la publicación especializada Autopista.es. El detonante fue la decisión de Francia de cancelar todas las restricciones de tráfico porque las considera discriminatorias para las personas con rentas bajas, espejo en el que se miran ahora los tribunales españoles.

En nuestro país, una cadena formada por hasta 13 sentencias canceló temporalmente las ZBE de ciudades como Barcelona, ​​Madrid, Gijón, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besós, Segovia y Ávila. La maraña judicial se ha complicado aún más: esta misma semana, el TSJM decidió ordenar la ejecución forzosa de la nulidad de la ZBE de Madrid ante la pasividad del Ayuntamiento, lo que podría suponer la eliminación de más de 3,5 millones de multas impuestas.

Uno de los precedentes más sólidos lo sentó Vox. Hace apenas unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Falló en contra de la ZBE de Málaga tras un recurso del partido, argumentando que vulneraba el principio de libertad de empresa y unidad de mercado. Este argumento podría replicarse en otros litigios en curso.

Vox anuncia una ofensiva judicial en siete ciudades catalanas

El partido político ha confirmado que aceptará las ZBE Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat. Joan Garriga, presidente provincial del partido y portavoz en el Parlament, y Gonzalo de Oro-Pulido, alcalde de Barcelona, ​​calificaron las restricciones de «limitaciones sectarias» que vulneran la libertad de movilidad.

La formación sostiene que las ZBE actúan esencialmente como un peaje que penaliza a los trabajadores que no tienen los recursos para renovar sus vehículos.

El argumento de Vox se basa en el impacto económico de las restricciones a las rentas más bajas y en la falta de «justificación técnica y socioeconómica» de las ordenanzas municipales. Además, el partido ha puesto sus miras en Plan Metropolitano de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)uno de los más ambiciosos de España: prevé la desaparición de los vehículos de combustión en 2030 y la prohibición de los coches con etiqueta B a partir de 2028 en los 36 municipios que componen el área metropolitana.

Los recursos contencioso-administrativos suponen el salto de la vía administrativa a la judicial, después de que las modificaciones anteriores hubieran sido rechazadas por los ayuntamientos.

Contexto: de la anulación francesa al laberinto jurídico español

El lío legal en torno a las ZBE no es nuevo. En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha anulado la primera gran ordenanza de Barcelona de 2022 tras haber estimado los recursos de las plataformas civiles y empresariales. Sin embargo, a principios de 2026, el mismo tribunal aprobó la nueva ordenanza una vez corregidas las deficiencias. Ahora, la iniciativa de Vox abre un nuevo frente que podría devolver la inseguridad jurídica.

Mientras los tribunales españoles siguen acumulando sentencias, Francia ya ha tomado la iniciativa al determinar que las ZBE penalizan a las familias de bajos ingresos. El flujo de sentencias en nuestro país, combinado con la presión política, deja en el aire el futuro de las restricciones. Como nos recordó la RACVN, “ya ​​sea a través de una rectificación política o, más probablemente, a través de medios judiciales, los días de las zonas de bajas emisiones están contados”.