Marine Le Pen replica a su inhabilitación con un llamamiento a la movilización popular y arremetiendo contra los jueces
Veinticuatro horas después de ser condenada a cinco años de inhabilitación política inmediata, Marine Le Pen ha prometido ‘vendetta’. La líder de Reagrupación Nacional (RN), que en la práctica ve evaporarse casi por completo sus posibilidades de volver a optar a la presidencia en los comicios de 2027, arremetió contra el poder judicial calificándolo de «propio de un régimen autoritario» y culpando al sistema de haber lanzado una «bomba nuclear». «Si utilizan un arma tan poderosa contra nosotros es porque estamos a punto de ganar las elecciones», declaró este martes. En paralelo, el presidente del partido y delfín de Le Pen, Jordan Bardella, ha lanzado un llamamiento a la movilización «popular y pacífica» para este fin de semana.
Politólogos y juristas muestran su preocupación ante la estrategia mediática de la extrema derecha, que busca desviar el foco de atención de una sentencia «sólidamente argumentada y con los hechos muy probados», según el historiador Benoît Pellistrandi. En Francia, son varias las voces que coinciden en que la única vía de contrataque de RN es la mediática, desviando el foco del fondo de la sentencia y presentando a Le Pen como una víctima de una persecución política. La dirigente ultra aún puede recurrir, por mucho que se empeñe en decir que le han quitado la oportunidad de defenderse y, en caso de que su partido gane las presidenciales, también pueede ocupar el puesto de primera ministra o ministra.
«En estos momentos, lo único que le queda es contratacar a nivel discursivo, pero el marco en el que va a moverse Reagrupación Nacional de juicio político no es sostenible, porque el proceso judicial empezó hace mucho tiempo, cuando ella ni siquiera era líder del partido. Las condenas están basadas en una tipificación que la judicatura se ha molestado en explicar de forma muy pedagógica», opina para EL PERIÓDICO el politólogo Arsenio Cuenca.
A pesar de ello, la extrema derecha ya ha empezado con su contraofensiva. Desde los medios de comunicación, primeros espadas como Jordan Bardella, Louis Aliot o Marion Maréchal no han parado de desfilar este martes por platós de televisión y estudios de radio condenando la «tiranía de los jueces». Y en la Asamblea Nacional, crecía la tensión en la primera sesión parlamentaria tras la condena de la líder ultra. «El grupo de RN no permitirá que roben las elecciones presidenciales como robaron decenas de escaños en las últimas elecciones legislativas», gritaba el diputado ultra Jean-Philippe Tanguy.
Ante estas acusaciones, el primer ministro, François Bayrou, se ha visto obligado a romper su silencio en el Parlamento: «Es indiscutible que la decisión de la justicia debe ser defendida y los magistrados protegidos de la expresión de sus misiones». Sin embargo, parece que las presiones de la extrema derecha empiezan a hacer efecto. Durante el debate, Bayrou ha abierto la puerta a una “reflexión” sobre las penas de inhabilitación inmediata: «Desde el punto de vista jurídico, toda decisión penal con consecuencias graves debería ser susceptible de recurso, especialmente decisiones que implican potencialmente consecuencias irreversibles», afirmó.
La justicia bajo presión
El poder judicial se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán. La jueza encargada del proceso de los falsos asistentes parlamentarios ha sufrido graves amenazas que han obligado al fiscal general del Tribunal de Casación de París, Rémy Heitz, a condenar las «inaceptables» declaraciones de Reagrupación Nacional, pues, a su juicio, promueven este peligroso linchamiento.
No es un caso aislado lo que está sucediendo en Francia en las últimas horas. Cada año, 150 magistrados son amenazados por hacer su trabajo, y una veintena de ellos actualmente son objeto de protección policial, según informa el Ministerio de Justicia.
François Molins, figura emblemática de la magistratura y antiguo procurador de la República en París, observa con preocupación el aumento de estos señalamientos en los discursos políticos: «En una democracia, el derecho a criticar existe, pero no se puede permitir desacreditar a las instituciones hasta el punto de debilitarlas sin sentido. Existen dos caras en los discursos de los políticos: proclaman su apego a la independencia y la imparcialidad de la justicia pero si les toca de cerca, ya no es la misma cosa». Una opinión que también comparte el presidente de la Unión de Sindicatos de Magistrados (USM), Ludovic Friat, en columna para Le Nouvel Obs: «Estamos viendo una inquietante proliferación de palabras que validan la idea de que la justicia es un enemigo político o una amenaza».
La decisión judicial también divide a la opinión pública. El último sondeo realizado por Elabe para BFMTV estima que el 57% de los franceses creen que la sentencia es «normal en vista de los hechos». Sin embargo, un 42% cree que estuvo influida por el deseo de impedir a Marine Le Pen presentarse a las próximas elecciones presidenciales de 2027.
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