Más de un millón de catalanes tiene el sueldo congelado a expensas de la reducción de jornada y los sindicatos amenazan con huelgas
Más de un millón de catalanes tienen el convenio bloqueado y, en consencuencia, el sueldo congelado o a punto de estarlo por el bloqueo cada vez más generalizazdo que está generando en la negociación colectiva la ley para reducir la jornada laboral. La suspensión de la tramitación parlamentaria de la norma, anunciada el pasado 15 de julio por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ante su más que probable descalabro en el Congreso, ha alargado esa ventana de incertidumbre que venía lastrando desde hace meses las relaciones entre patronales y sindicatos. Una parálisis que amenaza con desencadenar una ola de huelgas a la vuelta del verano, que rompería más de un lustro de paz social.
La hostelería de toda Catalunya, las oficinas y despachos y la siderometalurgia de Barcelona, por citar tres de los convenios más importantes y que a más personas afectan en Catalunya están ahora mismo prácticamente en punto muerto, según reconocen sus negociadores. Un total de 48 convenios colectivos de aplicación en Catalunya -ya sean estatales, autonómicos o provinciales- están actualmente en vías de negociación, ya sea porque su vigencia vence este año (la mayoría) o ya han vencido (una minoría), según datos recopilados por el sindicato CCOO. Sectores que aglutinan a alrededor de 1,4 millones de asalariados.
«Los grandes convenios están parados», reconoce el secretario de política sindical de UGT de Catalunya, Óscar Riu. En las mesas o no se avanza o se avanza en cuestiones secundarias, obviando el elefante en la habitación: ¿Cuál será la jornada laboral máxima en 2026? «No puedes pactar un incremento salarial, que representa un incremento de costes laborales, sin saber si la reducción de jornada se acabará aprobando o no y cómo te afectará… porque reducir la jornada implica más costes laborales», resume el secretario general de Pimec, Josep Ginesta.
Por el momento, en lo que va de 2025 se han renovado aquellos convenios de sectores que no se verían afectados por la ley de reducción de la jornada o la afectación sería mínima, ya que en sus sectores ya hay pactada un tiempo de trabajo inferior o muy similar a las 37,5 horas semanales. Según los datos actualizados este mismo jueves por el Ministerio de Trabajo, entre enero y julio de este año se han firmado en España 360 convenios, que afectan a 1,4 millones de trabajadores y cuya jornada laboral semanal media de 37,8 horas (solo unos minutos por encima del objetivo del Gobierno).
El incremento pactado en esos sectores en lo que va de año es del 4,2%, sustancialmente por encima de la inflación (2,5% acumulado en lo que va de año, según los últimos datos del INE) y por encima del mínimo pactado entre las cúpulas de patronal y sindicatos para este año. Según lo acordado en el AENC, cuya vigencia vence este año, la subida salarial mínima debía ser del 3%. Si se suman todos los convenios vigentes, es decir, los renovados años atrás pero con aplicación durante este, la subida salarial media es del 3,5%.
Pendientes de septiembre
Los agentes sociales aguardan expectantes qué pasará con la tramitación parlamentaria de que la está llamada a ser la norma estrella, en lo laboral, del Gobierno esta legislatura. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo argumentó en público que posponía la votación de la norma hasta la vuelta de las vacaciones parlamentarias, ante el riesgo de que la votación se viera «contaminada», según justificó su departamento, por el ‘caso Cerdán’.
«Estamos a la espera…», afirma el secretario de acción sindical de CCOO de Catalunya, Enrique Rodríguez, poco optimista de que ya en septiembre se desencalle la tramitación parlamentaria de la norma. «Esto es una estrategia de bloqueo por parte de la patronal que va más allá de la negociación colectiva. Están esperando a que gobiernen los suyos y hasta entonces no vamos a poder pactar casi nada», añade, aludiendo a la inestabilidad política del actual Gobierno y la posibilidad de una hipotética victoria del PP a corto plazo.
«Si los grandes convenios no se desencallan todo se complicará», afirma el negociador jefe de UGT de Catalunya. «O negociación o movilización», sintetiza su homólogo de CCOO. Ya el pasado 16 de julio las dos centrales realizaron una primera concentración frente a la sede de Foment del Treball y amenazan con escalar las manifestaciones a partir de septiembre. «Es probable que tengamos un otoño caliente«, reconoce el secretario general de Pimec.
Si ese escenario se acaba materializando se rompería la paz social que ha reinado durante el último lustro. Catalunya, especialmente, y España en general, ha sido una balsa de aceite y la incidencia de las huelgas está siendo residual. Según los datos recopilados por el Departament de Treball, entre enero y abril de este año se han registrado un total de 47 huelgas en Catalunya, de las que han participado 8.258 trabajadores (el mercado laboral catalán tiene más de tres millones de asalariados). Es decir, menos del 0,3% de los trabajadores catalanes han participado este año en huelgas, la gran mayoría de estas convocadas por centrales como la CGT. Hay que remontarse la Gran Recesión de la década pasada para encontrar años en los que más de 200.000 personas participaran de huelgas en Catalunya.
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