La realidad es que pese a la insistencia de la vicepresidenta en sugerir que las reducciones de impuestos «salgan gratis» a las comunidades autónomas que las ejecutan, no es así, ya que, como recuerda a ABC el inspector de Hacienda y coautor de ‘La Ley de Cuotas Catalanas’, Francisco de la Torre, son las autonomías las que deciden bajar impuestos»se quedan sin esos ingresos más bajoscuyo impacto soportan íntegramente con sus recursos presupuestarios, de modo que cada euro de reducción fiscal es un euro menos para las arcas regionales. Además, la reducción de su capacidad fiscal respecto de los ingresos que deberían recibir en ausencia de estas medidas penaliza a las autonomías más ricas, que reciben recursos del Fondo de Competitividad.

Montero desmenuzó este argumento poco después de decir que el aumento de la corresponsabilidad fiscal será uno de los «vigas maestras» que sustentarán su propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica, que Hacienda ya tiene esbozada, como avanzó ABC a finales de agosto, y que Montero prevé presentarse en un plazo no superior a tres meses«entre enero y febrero», dijo ayer. La ministra entiende que este es el plazo razonable para ajustar las cuantiosas cifras que garantizarán que, como se prometió ayer, todas las comunidades autónomas se beneficien y todas reciban más recursos de los que reciben hoy.

Evitó, sin embargo, asumir un compromiso explícito, tanto ante los gobiernos regionales como después ante los medios de comunicación, con la cifra de 16.000 millones de euros que estimó como demostrada la infrafinanciación de las comunidades autónomas con el sistema actual cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Más IRPF e IVA para las CC.AA.

Lo que sí confirmó es que el modelo en el que trabaja prevé incrementar el actual régimen de transferencias tributarias a las CC.AA. Hoy, el sistema de financiación autonómico prevé la transferencia a las comunidades autónomas del 50% de la recaudación del IRPF y del IVA, y entre el 58% y el 100% de los impuestos especiales. Montero no ha precisado los porcentajes pero ha admitido que la propuesta de Hacienda prevé una mayor participación de las comunidades autónomas en estos grandes impuestos y también la ampliación de esa cesta con impuestos cuya recaudación ya reciben las autonomías pero que no forman parte del sistema en la actualidad.

Cazador ha descartado la creación de nuevos impuestos para mejorar los ingresos del sistema, pero ha sugerido la posible incorporación al mismo del impuesto bancario, aunque según varios consellers en la reunión a puerta cerrada ha reconocido que el reparto actual de la recaudación tributaria -acordada in extremis en su momento con Junts para sacar adelante el último paquete fiscal del Govern- no le convence del todo.

Al final de la reunión, los concejales del PP criticaron especialmente el esquema de negociación que ha elegido Hacienda para ultimar su propuesta de un nuevo sistema de financiación, que, según la ministra, «reconocerá las singularidades y particularidades de los territorios», que responde a las ambiciones de Cataluña, y que también se negociará con las autonomías afectadas de forma bilateral. Por otro lado, la propuesta no se elevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta que quede plenamente perfilada en esta negociación bilateral, lo que enfadó mucho a los gobiernos del PP que consideran que han sido excluidos del diseño de un sistema de financiación que afectará a todos.

Un déficit de una décima

El Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes ha servido también para aprobar el objetivo de estabilidad que se exigirá a las comunidades autónomas en los próximos tres años, que será un déficit del 0,1% del PIB. Exactamente el mismo objetivo que se había fijado hace un año y mucho más ligero que el que resultaría de la estricta aplicación de la regla de gasto prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obligaría a la mayoría de las regiones a presentar superávit, como destaca la Autoridad Fiscal.

El objetivo se llevó a cabo con el único apoyo del Estado que lo presentó y de las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas.