MUJERES AFGANAS | España eniega salvoconductos a mujeres en riesgo de deportación a Afganistán
[Vídeo superior: (1) 5 de enero de 2025, Barakahu (Islamabad), mujeres afganas detenidas presuntamente para su expulsión (2 y 3) vídeos recibidos por las ONG Afghan women on the run y NetWomening de mujeres afganas en Pakistán]
Badra (nombre ficticio por seguridad) es una mujer afgana madre de dos niños pequeños que lleva meses escondiéndose de la policía paquistaní en la capital, Islamabad. Pakistán ha emprendido una nueva oleada de redadas para deportar a las refugiadas afganas de vuelta Afganistán. Badra se niega a volver. Su marido, asegura, fue asesinado por los talibanes que ahora controlan el país. Ella dice que corre peligro de muerte si regresa, y pide ayuda a las autoridades españolas. Ha solicitado un salvoconducto para poder venir a nuestro país a pedir formalmente asilo, pero le ha sido denegado. Ahora lo pelea legalmente con ayuda de la organización de apoyo a mujeres afganas NetWomening.
“Hola, querida. Pasé mucho tiempo fuera de mi casa hoy porque la policía ha venido a nuestra casa varias veces, y ha detenido a un gran número de nuestros vecinos”, dice Badra en un mensaje de texto enviado a la organización y visto por este diario. “No sé cuánto tiempo podré seguir huyendo de la policía. Mis hijos están en muy malas condiciones. Los agentes no tienen piedad de nadie. Han detenido a un gran número de mujeres afganas. Estoy segura de que la Embajada es plenamente consciente de la situación actual”.
El pasado 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que el mero hecho de ser mujer y afgana puede considearse suficiente para acreditar riesgo de persecución en Afganistán y, por ello, merecedora de asilo. Según el tribunal europeo, que respondía al caso de dos afganas en Austria, considera que los Estados no necesitan exigir que las solicitantes demuestren que corren un riesgo específico: basta con que prueben sexo y nacionalidad afgana Las normas represivas contra las mujeres y niñas de los talibanes que controlan Afganistán «deben considerarse por sí solas actos de persecución». Cita la sentencia, en particular, que se les priva de cualquier protección jurídica contra la violencia de género, la violencia doméstica y el matrimonio forzado; se les obliga a cubrirse el cuerpo y rostro por completo; se les restringe el acceso a la asistencia sanitaria y su libertad de movimientos; se les prohíbe el ejercicio de actividades profesionales, se les limita su acceso a la educación y se les excluye de la participación en la vida política.
Denegaciones posteriores a la sentencia
Pese a ello, España ha rechazado al menos una docena de peticiones de salvoconducto de mujeres afganas tras esta sentencia, según el recuento hecho para este diario por las ONG Netwomening y Afghan Women On The Run. La cifra real puede ser más alta.
«»Conocemos la sentencia del TJUE y nuestros servicios jurídicos están estudiando y valorando sus implicaciones, con el fin de dar un trato diferenciado a todas las solicitudes dal amparo del art. 38 de la Ley de Asilo presentadas por mujeres afganas», responden fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores consultadas por este diario.
Mientras, las asociaciones de apoyo a las mujeres afganas pelean los casos en los tribunales. En abril del año pasado, la Audiencia Nacional falló contra el Ministerio de Exteriores y ordenó al embajador en Pakistán, José Antonio de Ory Peral, conceder a una fiscal antiterrorista afgana y a su hijo de documentación para trasladarse a España
“Si las deportan, corren peligro de que las maten o de que mueran en vida por las prohibiciones”, comenta María López de la Usada, de NetWomening. “A las que rechazan las ayudamos a presentar recursos y alegaciones, pero no las están resolviendo. Hay recursos desde hace más de un año sin respuesta. En ocasiones contadas hemos conseguido resoluciones favorables en la Audiencia Nacional, pero incluso tras esas resoluciones la persona aún está esperando a que se le dé el visado”.
Huyendo de la policía mientras esperan cita
Y luego está el atasco infinito en la Embajada de España en Islamabad. Tiene en cola a al menos 7.000 solicitantes, según NetWomening. La espera es eterna; van por el número 500, según la citada ONG. Cuando por fin son atendidas, son entrevistadas por el cónsul con un traductor. Con el informe, el embajador toma la decisión final: aprobado o denegado. «La mayoria de las solicitudes son de grupos familiares que se tramitan conjuntamente», alegan desde el Ministerio.
Pero la misma espera, que es de años, supone un alto riesgo. La semana pasada, otra de estas mujeres afganas se puso en contacto de emergencia con otra de las organizaciones españolas que ayudan a estas mujeres, Afghan Women On The Run (Mujeres afganas escapando). Eran una madre y una hija que llevan tres años en Pakistán. Ella era militar con el anterior gobierno democrático y la hija, menor de edad. “Tenían un número de cita de quinientos y pico. Les iba a tocar en breve. Nos llamó para decir que la policía paquistaní estaba en el edificio”, nos cuenta Queralt Puigoriol, de la asociación. «Se las llevaron a la cárcel. Pagaron un soborno para salir y recuperar el pasaporte, pero con una fecha de deportación. Huyeron y se fueron a otra ciudad, mientras esperan su turno para la entrevista en la Embajada española».
Puigoriol se queja de que el ritmo de entrevistas en la Embajada para dar salvoconductos es extremadamente lento, y de que exigen muchas pruebas. “La sección consular realiza tan solo una entrevista al día, de lunes a jueves”, se queja. A ese ritmo, apunta, tardarán décadas en atenderlas a todas. “Desde que Afganistán dejó para España de estar en fase de emergencia, empezaron a denegar compulsivamente a todos los casos que tenían una entrevista en Islamabad. Hay más rechazados que aprobados. Hacen muchas preguntas y piden que demuestren con hechos y pruebas que su vida está en peligro: que ha ido a una manifestación, que es activista, que ha pasado por prisión…”.
Desde el comienzo de la crisis en 2021, se han trasladado a España para solicitar protección internacional 2490 personas de nacionalidad afgana, de las cuales 827 son mujeres y 924 menores. En su mayoría, al principio de la crisis. “A todas las personas que solicitan el traslado a España para solicitar Protección Internacional se les presume el mismo grado de vulnerabilidad y peligro, y la asignación de citas se realiza respetando el orden de petición”, explican fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. “No obstante, se toman en consideración también aquellas comunicaciones que se reciben relativas a personas que señalan encontrarse en riesgo grave”.
Además, aseguran que desde 2021 se reforzó la misión en Islamabad para agilizar los trámites con “personal dedicado en exclusiva a tramitar las solicitudes de traslado de personas de nacionalidad afgana, incluyendo un/a funcionario/a diplomático/a”.
Una espera eterna
“No tenemos visa y la policía nos persigue continuamente”, narra en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por Whatsapp María (nombre ficticio), una joven de 31 años que trabajó como activista por los derechos de las mujeres en Afganistán y empleada de un juzgado durante la etapa republicana. Abandonó el país en febrero de 2023 y pidió cita en la Embajada de España para pedir el salvoconducto. Su número de espera está por encima del 1.900. Al ritmo actual necesitará esperar aún varios años hasta que le toque. Ella, su madre y sus dos hijos tienen la visa caducada. Renovarla es un coste que no se pueden permitir: 100 dólares al mes, asegura. A eso hay que sumarle unos 200 dólares para alquilar un sitio donde vivir, incluso en ciudades remotas. Están arruinados y no pueden trabajar. María es una de las mujeres afganas de las que se ocupa Afghan Women On The Run. Tiene una “madrina” que les envía el dinero que puede cada mes para que puedan subsistir.
El temor de María a ser deportada no es exagerado. Solo en las dos primeras semanas de este año, Pakistán ha deportado a al menos 800 personas, según denuncia Amnistía Internacional. “Los asaltos policiales nocturnos, el acoso y la detención arbitraria de centenares de personas refugiadas afganas, entre ellas mujeres, niños y niñas, forma parte de una política discriminatoria más amplia contra la población afgana en el país”, afirma Babu Ram Pant, de Amnistía Internacional. “El gobierno paquistaní ha puesto en marcha de forma reiterada y arbitraria políticas que aumentan la precariedad de las personas refugiadas afganas en el país”.
Oleadas de redadas en Pakistán
Desde que Pakistán lanzó en octubre de 2023 su llamado “Plan de repatriación de extranjeros ilegales”, más de 780.000 afganos regresaron a Afganistán. Lo hicieron voluntariamente para no agravar el estigma de cara a los talibanes con haber sido deportadas.
Mientras, en Afganistán, el acoso a las mujeres se ha intensificado en los últimos meses. Los talibanes han prohibido el sonido de la voz femenino en los espacios públicos, construir ventanas desde donde se pueda ver a mujeres o que estudien medicina.
En otros casos de emergencia, como en la guerra de Ucrania, se han aplicado medidas exprés. En marzo de 2022, la Unión Europea activó la directiva de Protección Temporal, un mecanismo rápido para acoger a más de cuatro millones de refugiados en la UE. Más de 211.000 han sido desde entonces acogidas en nuestro país, sobre todo mujeres y niños.
Mientras Pakistán lanza una ola de deportaciones de afganas a Afganistán y España retrasa el proceso de valoración de los salvoconductos, este jueves el fiscal general de la Corte Penal Internacional ha pedido emitir una orden de detención contra los líderes talibanes por crímenes contra la humanidad por cuestión de género. El Ministerio de Exteriores ha emitido este viernes un comunicado en el que asegura recibir “con satisfacción” la solicitud de órdenes de arresto contra dos autoridades del gobierno de facto talibán en Afganistán y recuerda que España instó en noviembre a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a incluir en su investigación sobre la situación de Afganistán los crímenes cometidos contra las mujeres y las niñas.
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