“No puede hasta que no se pronuncie la Audiencia Provincial”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado y defendido este lunes que su pareja, Alberto González Amador, haya optado por no declarar esta mañana ante la jueza Inmaculada Iglesias en la causa en la que está imputado por dos presuntos delitos fiscales y otro de falsificación documental. No es que no quiera, ha dicho, «se trata de que no puede.
Durante la rueda de prensa posterior a la cumbre que ha mantenido en Mérida con su homóloga de Extremadura, María Guardiola, la presidenta madrileña ha defendido así esta decisión: «El embudo en el que le han metido hace imposible que pueda defenderse. Y por eso se ha acogido, por recomendación de sus abogados, a no hacerlo». Este es, en su opinión, un caso político en el que a su pareja no le dejan margen «ni siquiera para defenderse».
Tras cuatro aplazamientos, este lunes González Amador ha comparecido ante la jueza pero ha optado por no responder a las preguntas porque está a la espera de lo que decida la jueza de la Audiencia Provincial de Madrid sobre otros supuestos delitos que se investigan en una pieza separada. Más Madrid y PSOE pidieron una ampliación de la causa para que se dilucidara si ha habido también corrupción en los negocios por la supuesta declaración irregular de unos ingresos procedentes del Grupo Quirón. En función de cómo resuelva la jueza esta cuestión, la declaración de González Amador podría también variar. Por eso la presidenta ha hecho referencia a este asunto para justificar a su pareja.
«Esto es un caso de persecución política que está organizado desde La Moncloa con las instituciones del Estado. Están metidos en el medio el PSOE, el fiscal general del Estado… Fíjense en la imparcialidad del proceso», ha denunciado la dirigente madrileña, respondiendo a preguntas de los periodistas que su preocupación no se centra en si esta causa se amplía sino «en el Estado de derecho» y denunciando que la prolongación de este caso solo «beneficia a Pedro Sánchez».
Más allá de esta defensa, la presidenta también ha embestido otra vez contra la Delegación de Gobierno en Madrid. Según ha explicado, González Amador «ha sido agredido por un cámara». «No se ha golpeado», ha incidido, sino que «le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto». Y ha cargado toda la responsabilidad sobre el delegado, Francisco Martín, por no haber previsto un dispositivo «sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras».
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