Notará los efectos, pero no serán castastróficos
España ha dejado atrás el viejo patrón de los grandes desastres aislados y entra en una etapa marcada por la repetición, la complejidad y el peso creciente de los fenómenos climáticos. Esa es la principal conclusión del informe «75 años de desastres en España (1950-2025), elaborado por la Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre de la Universidad de Oviedo, en colaboración con la Cátedra de Cambio Climático, y que cuenta con el apoyo del Principado de Asturias.
[–>[–>[–>El estudio, liderado por el profesor Pedro Arcos –al frente de la unidad, que gestiona desde hace 30 años la base de datos de desastres en España, la única que existe–, analiza 550 desastres registrados en el país en las últimas siete décadas y media y dibuja un cambio de época en la gestión del riesgo. Junto a Arcos han trabajado en el documento, que se prevé presentar en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo, Andrea Fernández, Arturo Colina, Rick Kye Gan y José Antonio Cernuda Martínez.
[–> [–>[–>[–>[–>[–>El documento sostiene que España ha pasado de un escenario de desastres «esporádicos» y en buena medida vinculados a accidentes tecnológicos a otro «frecuente, sistemático y dominado por fenómenos hidrometeorológicos intensificados por el cambio climático». Es decir, el país ya no solo debe prepararse para tragedias puntuales en infraestructuras o transportes, sino para un entorno más inestable, donde las inundaciones, las olas de calor y otros episodios extremos adquieren cada vez más protagonismo.
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No obstante, Asturias se rebela como una excepción en este escenario. La comunidad figura en las zonas menos expuestas del nuevo mapa de desastres climáticos en España. Según Arcos, la región «notará los efectos» pero no se prevé que deriven «en episodios catastróficos» como otras áreas del país. El director del estudio señala expresamente que se trata de «una zona relativamente bien protegida» frente al cambio climático. Habrá efectos, sí, pero su impresión es que no se traducirán en catástrofes.
[–>[–>[–>Pedro Arcos, epidemiólogo y director de la Unidad de Investigación de Emergencias y Desastres / .
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Y es que el diagnóstico general es mucho más preocupante. El informe dibuja una España en la que los desastres son cada vez más frecuentes y cada vez más vinculados a fenómenos climáticos. Los datos muestran con claridad esa transformación. Entre 1950 y 2025 se contabilizaron 550 desastres en España, una media de siete al año. De ellos, 308 fueron naturales y 242 tecnológicos. Sin embargo, la fotografía cambia radicalmente al observar la evolución temporal: antes de 1990, el 80 % de los desastres eran tecnológicos; tras 2010, dominan ya los de origen natural, especialmente los relacionados con el clima.
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El estudio detecta además un punto de inflexión entre 2000 y 2010. Si entre 1950 y 1970 la media anual era de 1,5 eventos, entre 2011 y 2020 ascendió a 20,2. En el periodo 2021-2025 se mantiene todavía en 14,2. Casi la mitad de todos los desastres registrados en 75 años se concentraron, por tanto, en el último tramo del análisis. Los investigadores consideran que esa tendencia confirma una aceleración del riesgo, impulsada sobre todo por los desastres naturales de tipo climatológico, hidrológico y meteorológico.
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[–>Pese a ello, el informe introduce un matiz relevante: el futuro inmediato no apunta necesariamente a una explosión sin control del número de desastres, sino a una «meseta de alta intensidad». La proyección para 2025-2035 sitúa la frecuencia probable en torno a 11 eventos al año. El problema, según advierte el estudio, no es solo cuánto ocurrirá, sino la consolidación de un nivel de riesgo elevado como nueva normalidad.
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En ese nuevo escenario, España presenta una doble fragilidad. Por un lado, la exposición climática. Por otro, la vulnerabilidad de sus infraestructuras, con especial mención al transporte. De hecho, los accidentes de transporte siguen siendo la principal categoría dentro de los desastres tecnológicos: suman 157 eventos, el 28,5 % del total, incluyendo colisiones, descarrilamientos, naufragios y explosiones en cisternas.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>El informe también subraya la concentración del impacto humano en los años recientes. Entre 2011 y 2025 se acumuló el 92 % de los fallecidos totales registrados en la serie, con un peso determinante de la pandemia de covid. Al mismo tiempo, los investigadores observan que la mortalidad por millón de habitantes tiende a descender estructuralmente, mientras que los heridos se mantienen relativamente estables y el número de afectados podría aumentar en los próximos años. La lectura que propone el estudio es ambivalente: mejora la capacidad para reducir la letalidad, pero crece la presión sobre la población y sobre los sistemas de respuesta.
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Ante esta realidad, el mensaje de fondo del trabajo es inequívoco: España necesita una gobernanza del riesgo mucho más amplia y preventiva. El estudio reclama reforzar la adaptación climática, replantear la planificación urbana, aumentar la resiliencia territorial, mejorar la robustez del transporte e integrar la salud pública en la política de protección frente a desastres. La tesis final es que ya no basta con reaccionar cuando ocurre la catástrofe; hay que anticiparse.
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Arcos subraya que «el país sigue llegando tarde, la respuesta institucional continúa siendo sobre todo reactiva, es decir, actuar cuando el desastre ya se ha producido». Y defiende un giro hacia la prevención proactiva, la adaptación y el refuerzo de la resiliencia. En esa estrategia fija tres prioridades claras: inundaciones, olas de calor y seguridad del transporte. También advierte de que las olas de calor irán a más y recuerda que España es el segundo país europeo en mortalidad asociada a este fenómeno; añade que aumentarán los afectados por desastres, aunque la letalidad tenderá a bajar por la mejora de los sistemas de prevención y respuesta.
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En cuanto al impacto sanitario. El investigador apunta que crecerán las enfermedades transmitidas por vectores, especialmente por mosquitos, en zonas del sur y del este peninsular, donde ya empiezan a detectarse brotes vinculados a cambios en temperatura y humedad. Esa evolución, explica, forma parte del nuevo mapa del riesgo climático en España.
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«La aceleración climática y la persistencia tecnológica configuran un desafío sistémico», concluye el documento, que llama a convertir este perfil epidemiológico del desastre en una herramienta útil para las políticas públicas, desde el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático hasta el Marco de Sendai y las estrategias europeas de adaptación. Inundaciones, olas de calor y seguridad del transporte aparecen así como los tres grandes ejes estratégicos de las próximas décadas.
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En el contexto europeo, el informe sitúa a España en una posición especialmente delicada. Señala que el país lidera en Europa la intensidad de los impactos climáticos y recuerda algunos indicadores alarmantes: España figura como el octavo país del mundo más afectado entre 1993 y 2022, ocupa el segundo lugar en mortalidad por calor y sufre un enorme peso de las inundaciones, responsables del 80 % de los daños a propiedades. A ello se añade un coste económico estimado en unos 95.000 millones de euros en 45 años, con un episodio especialmente severo en 2024, cuando la dana de Valencia superó por sí sola los 17.000 millones.
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