El Gobierno estrecha el cerco sobre los pisos turísticos, con nuevas medidas de control en ciernes (un registro único de viviendas para vetar la oferta ilegal, reforzando el poder de veto de las comunidades de vecinos, elevando la fiscalidad del alquiler turístico, con una investigación a los portales online por prácticas engañosas…) y ahora también intensificando la vigilancia sobre la expansión real del fenómeno en el mercado español. El objetivo es tener datos casi de manera permanente del despliegue de las viviendas turísticas para que todas las Administraciones -también comunidades autónomas y ayuntamientos- dispongan de información actualizada para modular sus regulaciones.