Certificado Pkf requiere Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid algunas tarifas 0,5 millones de euros por su trabajo, durante cuatro mesescomo administrador concursal de Carlota Iberiala empresa propietaria de Oasiz, el mayor centro comercial de la Comunidad de Madrid.

El Juzgado designó a la consultora administradora concursal de Carlotta Iberia el pasado 9 de enero, cuando la firma controlada por el fondo Inversión de la calle Cale (CSI) declarado en quiebra, con una Pasivos cercanos a los 320 millones. de euros.

Unos días más tarde, el 22 de enero, abrió fase de liquidación ordenándose la disolución de la sociedad y el despido de sus administradores, siendo sustituidos por profesionales de Pkf Attest.

PKF había pedido al juez dispensa para presentar las cuentas de 2025 de Carlotta

En su escrito al Juzgado solicitando una retribución de 0,56 millones de euros, consultado por este diario, la administración concursal de Carlotta Iberia explica que mediante Real Decreto de 2004 se establece un arancel de derechos que para su cálculo tiene en cuenta la masa activa y pasiva del concursado (en el caso de Carlotta Iberia, un pasivo de 318,6 millones frente a un activo de 140,3 millones de euros).

Según los cálculos del consultor, se le debería asignar un Honorarios de 301.850 euros para el activo, y 70.236 euros para el pasivo.. Pero a esa cantidad, añade en su escrito al Juez, habría que añadir añadir 186.000 euros másya que se han suspendido las facultades de administración de la parte concursada.

El artículo 4.2 del Real Decreto 1860/2004 establece que si el concursado ha suspendido el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio, «El juez, a su prudente criterio, podrá aumentar la cantidad hasta el 50 por ciento. eso resulta (…)».

Juez obliga a PKF a presentar cuentas

En un Auto reciente, el Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid rechaza la Pkf Attest solicita no presentar cuentas 2025 Por Carlota Iberia.

La administración concursal de la sociedad propietaria de Oasiz, en una petición insólita, solicitó al Juzgado el 13 de marzo autorización para quedar exenta de la obligación de elaborar, auditar, aprobar y depositar las cuentas anuales de 2025 de Carlotta Iberia mientras durara la liquidación y conclusión del proceso concursal.

El centro comercial Oasiz, en Madrid.

El requisito es inusual porque las últimas cuentas auditadas de una empresa en quiebra son imprescindible conocer la situación financiera de la empresa concursada, las causas de su insolvenciaasí como porque es documentación relevante para los acreedores.

El artículo 116 del Texto Refundido de la Ley Concursal, explica la Orden de 13 de abril, impone a la administración concursal, en los casos de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, el deber de preparar y someter a auditoría las cuentas anuales, «sin establecer excepción alguna por el solo hecho de que la empresa se encuentre en fase de liquidación«.

En un procedimiento «de la entidad del presente», destaca el Juez Alberto Francisco Gago Fernández-Rubalcaba en la Orden, «la formulación de dichas cuentas Es necesario garantizar la transparencia, el derecho a la información de los acreedores y la adecuada resolución de las cuestiones que puedan surgir en la sede de calificación concursal.por lo que debe rechazarse la solicitud de exención formulada.

Los acreedores de Carlotta Iberia que se han opuesto a las pretensiones de la administración concursal, advirtieron en las alegaciones presentadas ante el Tribunal de que las cuentas de 2025, «precisamente», son claves para «aclarar lo ocurrido en el período inmediatamente anterior y coincidente con la insolvenciala apertura de la liquidación y la venta de la unidad productiva.

Los acreedores de Carlota Iberia advierten «posible fraude procesal»

Uno de los acreedores, la empresa. nombrerepresentado por abogado Rubén Montoyaque trabajó en la construcción de Oasiz, destacó en su oposición a las afirmaciones de Pkf Attest que fue durante el año 2025, cuando, bajo el control efectivo del fondo CSI de Carlotta Iberia, «se produjo un fuerte aumento del pasivo de la empresa en quiebra, con un aumento especial de la deuda a favor de la propia CSIlo que requeriría un examen contable independiente para determinar si hubo opacidad, conflicto de intereses o agravamiento artificial de la insolvenciaasí como el uso abusivo del marco preconcursal y posibles conductas relevantes para la calificación culpable del concurso.

Además, el MNOAL destacó que las cuentas de 2024 ya estaban acompañadas de calificaciones de KPMG y desacuerdos entre varios concejales respecto a la valoración del centro comercial Oasiz.

Calle Cale participó en la financiación de la construcción de Oasiz con un préstamo por valor de 105 millones de euros garantizados con hipoteca sobre el propio centro comercial.

De hecho, el fondo se hizo con el control del centro comercial, ubicado en Torrejón de Ardoz, tras la aprobación de un plan de reestructuración de Carlotta, en febrero de 2024. obteniendo el 75% de los derechos de voto de la sociedad y nombrar cuatro directores.

El La deuda de Carlotta Iberia con CSI supera los 140 millones de euros, tras nuevas aportaciones de capital por parte del fondo y la recaudación de 9% de interés.

A finales del pasado mes de marzo el Tribunal permitió la venta de Oasiz al fondo Calle Calepor 140 millones de euros, cuatro años después de que el mismo activo fuera valorado en 195 millonescomo publicó este periódico. Algunos de los acreedores advierten de «posible fraude procesal«.