Hoy, el movimiento independentista se dirige hacia Europa. El TJUE decide si la amnistía por los delitos de malversación y terrorismo se ajusta o no a la normativa comunitaria. En función de esta decisión, el regreso de Carles Puigdemont a España podría estar más o menos cerca.

La última vez que se vio a Puigdemont en España fue el 8 de agosto de 2024. Apareció en la calle, pronunció un discurso delante de todos y volvió a huir, por segunda vez, sin ser detenido a pesar de que existe orden de detención en su contra, incluso después de la aprobación de la ley de amnistía.

Tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, el expresidente de la Generalitat huyó a Bélgica. Sus asesores que decidieron quedarse en España fueron encarcelados, evitó la cárcel desde Waterloo y desde hace nueve años se encuentra prófugo en Bélgica desafiando a la justicia española.

El Tribunal, con sede en Luxemburgo, leerá su sentencia a partir de las 10H00 hora local (08H00 GMT). Esta sentencia pretende aclarar las cuestiones previas que fueron planteadas por el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable de las costas del proceso, y por la Audiencia Nacional, en relación con el delito de terrorismo por el que se juzga a los Comités de Defensa de la República (CDR).

Al poner nombre y apellidos, esta sentencia incide concretamente en la situación judicial de Carles Puigdemont y de los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín. Pero también afectará a Oriol Junqueras por el hecho de que, aunque cumplió condena de prisión y se benefició de la ley de amnistía, el Tribunal Supremo no aplicó la norma al delito de malversación, por lo que sigue vigente para él la pena de inhabilitación. En la misma situación que el presidente de ERC están Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Esta sentencia afectará también a los miembros de los CDR procesados ​​por terrorismo y a una treintena de funcionarios del Gobierno de la época a los que el Tribunal de Cuentas atribuye la responsabilidad de los gastos del proceso, entre los que se encuentra el otro expresidente Artur Mas.

Es importante aclarar que estas consideraciones formuladas por el TJUE no son vinculantes, pero que en la mayoría de los casos resueltos por la justicia europea suelen coincidir con la decisión final. Es decir, corresponde a los tribunales de nuestro país aplicar o no esta decisión.

Se abren, por tanto, dos escenarios para la situación jurídica de todos los actores implicados, en particular para Puigdemont. Si la sentencia no aprobara la ley de amnistía, de momento todo seguiría igual aunque los tribunales españoles se apoyaran en su decisión. Si, por el contrario, la decisión es favorable a la ley controvertida, serán el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional los que tendrán que pronunciarse. También deberían interponer recursos el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.

El Tribunal Constitucional ya validó dos veces la ley de amnistía, pero esperó a que se pronunciara el fallo de la justicia europea, ante la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla a los responsables del proceso.

Esta aprobación sería también una bofetada al Gobierno de Sánchez, que es el que hizo posible la norma.

El 13 de noviembre, el Fiscal General de la UE, Dean Spielmann, aprobó los puntos principales de la ley de amnistía. En concreto, descartó que la independencia de Cataluña hubiera afectado a las finanzas europeas, porque la contribución de España al presupuesto comunitario habría seguido siendo proporcional a su renta nacional bruta y también señaló que el Tribunal de Cuentas no había indicado que se hubiera utilizado dinero comunitario para financiar el proceso. Tampoco vio ninguna incompatibilidad entre las normas antiterrorista y de amnistía, porque la norma «cumple» los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no incluye entre los delitos indultados los relacionados con los derechos a la vida y a la integridad física. Cuestionó el plazo de dos meses dado a los jueces españoles para decidir si aplican la amnistía a los casos que juzgan.

Si se aprueba la ley, ¿podría Puigdemont regresar a España? Si eso sucediera, el expresidente prófugo tendría un camino más fácil a casa, pero su situación legal no cambiaría de inmediato. El órgano de garantía examinará los recursos que Puigdemon y el resto de exconsejeros presentaron al Tribunal Constitucional entre septiembre y octubre, por lo que no se resolverán hasta otoño.

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