El Gobierno desclasificará este martes los documentos del intento de golpe de Estado del 23F con el objetivo de «saldar una deuda histórica con los ciudadanos», en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El anuncio de la madrugada de este lunes busca arrojar luz y verdad sobre uno de los episodios más oscuros de nuestra democracia, dejando la interrogante de si veremos grabaciones de llamadas intervenidas o informes de inteligencia.

Según fuentes del Gobierno consultadas por laSexta, habrá más de cien documentos distribuidos en diferentes ministerios. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará este miércoles la orden de desclasificación de los mismos y estarán disponibles en la página web oficial de Moncloa a partir del mediodía.

Son documentos que llevan 45 años bajo llave y que podrían darnos más detalles sobre lo ocurrido el 23 de febrero. En concreto, consideran los historiadores, las comunicaciones entre Moncloa, la Casa Real y los militares aportarían más luz; también las llamadas que la propia Antonio Tejero recibidos en medio del golpe de Estado, como el de Juan García Carrés, exlíder del sindicato vertical, alentando a Tejero a no darse por vencido.

El sumario judicial será igualmente relevante: 89 expedientes conservados en el Tribunal Supremo y a los que solo algunos historiadores han tenido acceso. Se incluye la sentencia que condena a Tejero y Milans del Bosch por su intento de forzar un cambio político en España mediante un golpe de Estado. También a Alfonso Armada por aprovechar la situación para imponer un Gobierno bajo su mando.

Estos archivos también incluyen grabaciones originales y declaraciones de los involucrados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de las escuchas de la noche del golpe de Estado y que fueron catalogadas como «ultrasecreto«; y también están los comunicados de Casa Real, Moncloa y los informes de movilización interna emitidos por las distintas regiones militares.

En 2025, el Gobierno aprobó un proyecto Ley de Información Clasificadaque pretende sustituir la Legislación franquista sobre secretos oficiales. El proyecto fue enviado al Congreso de los Diputados y está en tramitación.

Este proyecto contempla la desclasificación automática a los 45 años de secretos oficiales considerados como «ultrasecreto«; a los 35 años para los clasificados como «secreto«; entre siete y nueve años para información»confidencial«y entre cuatro y seis años para información»restringido«.

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