El presidente del Gobierno, Pedro Sánchezdefendió el pasado martes en Pekín la necesidad de «respetar la derecho internacional«, en el marco de la crisis geopolítica en Oriente Medio. Sin embargo, sus declaraciones se producen en un contexto totalmente surrealista, ya que su Ejecutivo ha hecho aparecer a nuestro país como uno de los países con mayor número de laudos arbitrales internacionales en situación de impagoviolando así las obligaciones adquiridas en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía, del que España era signataria cuando se dictaron estos laudos, y del Convenio del CIADI, tribunal del Banco Mundial al que nuestro país sigue adherido.

Según los últimos datos analizados por el académico holandés Nikos Lavranos, España acaba de liderar la categoría de impagos en procedimientos arbitrales inversor-Estado, con un total de 22 laudos pendientes de compensación, todos ellos vinculados a los recortes retroactivos que se aplicaron a primas a las energías renovables durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

En el momento de redactar el informe, la deuda total derivada de estos procedimientos superaba los 1.800 millones de euros, como importe de las indemnizaciones impagadas, el aumento de intereses de demora que se deriva del incumplimiento y del efecto de acumular una larga lista de sentencias en costas. Con este reguero de escándalos a sus espaldas, llama la atención, cuanto menos, que Sánchez subraye ahora la importancia de «respetar el derecho internacional».

De hecho, según datos facilitados por el consorcio de empresas acreedoras, el número total de laudos pendientes de pago asciende ya a 27, mientras que la deuda derivada de estos impagos ronda los 2.307,5 ​​millones de euros, cifra que incluye 1.754,7 millones en resoluciones firmes no cumplidas y 543,8 millones en costes adicionales financieros y judiciales eso no se estaría acumulando si España se limitara a»respetar el derecho internacional«, como pregunta ahora Sánchez en relación a otros países.

Incumplimiento en diferentes países

Los incumplimientos ya han sido reconocidos por el sistema judicial de diferentes economías de la OCDE. En EE.UULos tribunales federales han dictado al menos siete resoluciones favorables a los inversores, entre ellas casos como NextEra, Antin, Cube o Watkins, acumulando casi 800 millones de euros en concepto de las diferentes sentencias reconocidas por el poder judicial del país norteamericano. Estas decisiones han abierto la fase de descubrimiento y puede tener como resultado el embargo de bienes y la intervención de operaciones económicas, afectando incluso a la Selección Española de Fútbol a su paso por el Mundial 2026 organizado por la FIFA en Estados Unidos, además de Canadá y México. Vale la pena señalar que la jurisprudencia y la estrategia jurídica con la que España ha intentado frenar estos procesos ha sido reutilizada por Rusia para incurrir en defaults similares, lo que supone un nuevo ejemplo de la erosión que Sánchez está provocando en el «derecho internacional» que ahora invoca por puro tacticismo político.

En Australia, el Tribunal Supremo también ha confirmado una serie de laudos condenatorios con Españaentre ellos los referidos a los casos 9Ren, RREEF, Watkins y NextEra. En total, las reclamaciones que han sido admitidas íntegramente por el máximo órgano del poder judicial del país oceánico suman cerca de 500 millones de euros en deudas reclamables a través del embargo de activos españoles en Australia.

en ello Reino UnidoEl Tribunal Supremo ha adoptado recientemente, en marzo de 2026, una decisión relevante en esta materia, consolidando la ejecutabilidad de los laudos y reforzando el criterio de que en esta materia prevalecen las obligaciones internacionales. En términos de «derecho internacional», llama la atención que España litigara de la mano de Zimbabueun país conocido por sus continuas violaciones del Estado de derecho.

A esto se suma la actuación de los tribunales en Bélgicadonde se han congelado aproximadamente 480 millones de euros en activos del Estado español como medida cautelar para garantizar el pago de las indemnizaciones reconocidas, o en Asia, donde el Tribunal Supremo de Singapur También viene de emitir una sentencia histórica que reconoce la posibilidad de confiscar bienes a España por su continuo incumplimiento.

Las declaraciones de Sánchez en China, centradas en su supuesta defensa de un orden internacional basado en reglas, contrastan mucho con un contexto bochornoso en el que diferentes tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Bélgica y Singapur han reconocido obligaciones de pago frente al Estado español en aplicación de tratados internacionales vigentes, confirmando además que el incumplimiento reiterado por parte del Ejecutivo puede abrir la prohibición de la confiscación de bienes y activos de nuestro país.