Lo ocurrido la madrugada del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sigue siendo, después de seis años, un misterio no completamente resuelto. Ese día, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, aterrizó en España aunque, de acuerdo con las sanciones de la Unión Europea, no podía pisar territorio comunitario. El asesor político Koldo García acompañó al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al aeropuerto para recibirloUn episodio que desencadenó un enorme debate político y mediático.

Durante estos años nadie ha contribuido una versión única y definitiva de lo sucedido. Ábalos, en varias entrevistas y declaraciones ante las comisiones, varió su relato, primero negando la presencia de Delcy y luego reconociendo el encuentro, al tiempo que lo calificó de circunstancial y ajeno a decisiones estatales.

Contradicciones oficiales

El principal problema para esclarecer este episodio ha sido la falta de transparencia. El gobierno de entonces, de Moncloa, Nunca proporcionó todos los detalles que algunos consideran necesarios comprender el contexto completo del encuentro y por qué ocurrió en estas condiciones. La ausencia de una explicación clara y unificada alimenta las dudas. Los documentos y mensajes recuperados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sugieren implicaciones más amplias, incluyendo otros actores políticos y económicospero siempre forman parte de los documentos investigados por la justicia.

Delcy, Aldama y Venezuela

Se sumó el vínculo entre Delcy Rodríguez y el empresario Víctor de Aldama, también involucrado en el llamado Caso Koldo aún más complejidad a la pregunta. Los informes policiales reúnen comunicaciones y acciones que podrían haber ayudado a justificar la visita de Delcy, incluidas conversaciones sobre logística y contactos en España.

La investigación judicial, que también incluye Presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos durante la pandemia. y otras actividades relacionadas con influencias indebidas, continúa su curso ante el Tribunal Supremo de España y la Audiencia Nacional de España, con juicios previstos para 2026.

La mezcla de versiones contradictorias, intereses políticos y documentación parcial hace que este episodio siga siendo motivo de especulación y preguntas sin respuesta para la opinión pública en España.

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