Después de la inspección dentro del residencial ‘Les Naus’epicentro del escándalo Vivienda de protección pública en Alicante.la Policía Local redacta un informe que concluye que 13 viviendas no están ocupadas. Al menos tres de ellos están en alquiler y, en algunos casos, el uso de estas viviendas se desvía completamente de su finalidad social.

Un camarero local revela al equipo de investigación que algunos de estos apartamentos protegidos Se alquilan «por 1.500 o 1.600 euros al mes». Afirma que es «lo que dicen los vecinos» y que «lo alquilan todo a extranjeros», que «ya están viviendo allí».

En una de las viviendas, la policía confirma que el apartamento adjudicado al sobrino de María Pérez-Hickmandirector de Contratación Pública del Ayuntamiento de Alicante, es alquilado a una familia ucraniana. Asegura que ha solicitado la «excepción de ocupación» porque su pareja tiene contrato de trabajo en Estados Unidos.

Los reporteros del programa detectan anuncios de apartamentos en esta urbanización ofrecidos en alquiler. Viviendas de tres dormitorios, con garaje, por cantidades muy por encima de lo permitido. Hasta el doble del precio legal. Según el abogado Cayetano Sánchez Butrón, se trata de «una infracción muy grave» para la que se prevén «sanciones de 3.000 a 30.000 euros».

Anuncios ilegales por el doble de precio.

El equipo de investigación descubre también que se han puesto a la venta algunas viviendas protegidas en ‘Les Naus’. Una inmobiliaria de la zona anuncia piso de 90 metros cuadrados, tres habitaciones, terraza y plaza de garaje por 400.000 euros. Además, el mismo propietario ofrece una segunda plaza de garaje por 24.900 euros. Todo esto, cuando Su precio original está entre 220.000 y 240.000 euros..

Una vez que estalla el escándalo, los anuncios desaparecen. Los reporteros del programa visitan la agencia inmobiliaria para preguntar el motivo. «No creo que sea culpa de la inmobiliaria, es del dueño, que dijo ‘pídeme 400′», responden.

Otra persona de la agencia inmobiliaria afirma que no sabía que estaban suelos de protección oficialpero quitaron el anuncio por una advertencia: “Me dijeron ‘oye, ¿sabes que es de VPO?’. Yo digo ‘no, no lo sé’. vas a tener problemas‘», explica.

Cayetano Sánchez Butrón señala que «con la vivienda de protección pública nadie puede sacar provechoes otro de los principios básicos”. Por tanto, considere que estos precios son «directamente ilegal»incluso con autorización administrativa.

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*Puedes ver el programa completo Equipo de investigación ‘El hit de la vivienda pública’ en atresplayer.