Starmer evita una debacle interna tras suavizar ‘in extremis’ su paquete de recortes sociales
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha evitado este martes una rebelión interna de consecuencias impredecibles tras suavizar ‘in extremis’ su polémico plan de recortes sociales. El proyecto de ley ha salido adelante en una primera votación en el Parlamento gracias al apoyo de gran parte de la bancada laborista, aunque su aprobación ha estado pendiente de un hilo hasta el último momento debido a las reservas que ha generado entre varias decenas de diputados de su propio partido. Finalmente, han sido 44 los diputados que han desobedecido la disciplina de voto, insuficientes para tumbar la norma, pero suficientes para evidenciar la falta de liderazgo de un primer ministro que atraviesa probablemente su peor momento desde que accedió al cargo hace solamente un año.
Las negociaciones entre el Gobierno y sus propios diputados se han alargado hasta pocos minutos antes de la votación. El Ejecutivo ya había ofrecido algunas concesiones a los cerca de 120 diputados díscolos durante el fin de semana, con el objetivo de evitar sorpresas de última hora, pero el tamaño de los recortes —valorados inicialmente en hasta 5.000 millones de libras anuales (unos 6.000 millones de euros)— ha obligado a muchos de ellos a mantenerse firmes hasta el último momento para tratar de suavizarlos al máximo. Finalmente, el Gobierno ha cedido a gran parte de las exigencias y ha reducido los recortes hasta el punto de que su impacto será prácticamente nulo, según algunas estimaciones.
Recortes «dickensianos»
Uno de los objetivos iniciales del Ejecutivo era endurecer los requisitos mínimos necesarios para optar a los Personal Independence Payments (PIP), unas ayudas que reciben cerca de 3,7 millones de personas con discapacidades o enfermedades de larga duración en Inglaterra y Gales y que están destinadas a cubrir los gastos adicionales asociados con su discapacidad. El Gobierno preveía endurecer estos criterios para todos los nuevos solicitantes a partir de noviembre de 2026, pero finalmente aplazará esta fecha hasta que se publique una evaluación sobre el impacto social de la medida, después de las duras críticas lanzadas por algunos de sus diputados durante el debate previo a la votación este martes.
“Estos recortes dickensianos pertenecen a una época diferente y a un partido diferente. Están muy lejos de lo que representa el Partido Laborista, un partido que protege a los pobres”, ha asegurado la diputada Rachel Maskell en su intervención en la Cámara de los Comunes. Algunos de los más críticos han apoyado finalmente la norma tras los cambios anunciados por el Gobierno, pero otros han mantenido su voto en contra, alarmados por las polémicas medidas implementadas por el Ejecutivo en los últimos meses para tratar de reducir el gasto público.
Trabajadores inactivos
La ministra de Economía, Rachel Reeves, ha insistido en la necesidad de apretarse el cinturón ante la falta de crecimiento económico y ante su negativa a aumentar la deuda, pero la presión de los diputados de su partido obligará a buscar alternativas para ahorrar dinero a las arcas públicas. Starmer ha alertado en varias ocasiones de que el actual modelo de Estado del bienestar en el Reino Unido está “roto” y ha insistido en la necesidad de devolver al mercado laboral a millones de trabajadores que se encuentran actualmente inactivos, una cifra que se ha disparado desde la pandemia y que se mantiene muy por encima de los niveles registrados en otros países europeos. Según el Ejecutivo, el gasto en prestaciones por enfermedad o incapacidad de los trabajadores en edad laboral ha aumentado en 20.000 millones de libras (24.000 millones de euros) en los últimos cinco años.
A pesar de las dificultades para cuadrar las cuentas, gran parte de la bancada laborista considera que recortar el gasto público, especialmente en lo que se refiere a las ayudas para los más necesitados, tendría fuertes consecuencias para el partido a nivel electoral. La victoria del partido populista Reform UK en las elecciones locales celebradas en parte de Inglaterra el pasado mayo ya fueron un aviso para muchos diputados, que ven peligrar sus escaños en el Parlamento ante una formación que está apelando cada vez más a las clases trabajadoras. Según una reciente encuesta, el partido del populista Nigel Farage sería la primera fuerza en el Parlamento en caso de celebrarse hoy las elecciones generales.
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