su «mal encaje» en la Constitución y por qué aumentará la desigualdad
La última cesión de competencias del Gobierno de Pedro Sánchez al País Vasco –un paquete de cinco transferencias pactadas con el PNV— ha reabierto un debate que llega a Asturias: hasta dónde puede llegar el traspaso de funciones vinculadas a la Seguridad Social sin romper el principio de igualdad entre comunidades y sin chocar con la Constitución, algo que los catedráticos asturianos de Derecho Administrativo Alejandro Huergo y Leopoldo Tolivar creen que puede suceder en este caso.
[–>[–>[–>El acuerdo firmado en Madrid entre PSOE y PNV prevé que la autonomía vasca gestione los subsidios por desempleo y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social , entre otras competencias. Para Alejandro Huergo, el trasfondo no es solo técnico, sino de «límites». Recuerda que los estatutos de autonomía contemplan traspasos de competencias, pero «tienen el límite del artículo 149.1 de la Constitución Española, que es la lista de competencias estatales». Y explica por qué este tipo de traspasos pueden tardar décadas: «En el caso de las nuevas competencias vascas, encajan muy mal con los límites de la Constitución, por eso se ha tardado y ha habido resistencias y reticencias». Y agrega: «En materia de Seguridad Social se dice que el Estado tiene competencias sobre el régimen económico, no solo sobre legislación. Y así lo ha interpretado el Tribunal Constitucional», sostiene. Es decir, hasta ahora se entendía que «todo lo que sea gestión económica de prestaciones contributivas» debía mantenerlo el Estado, uno de los «reductos» de administración estatal homogénea en todo el país. «Aunque no tenga gran importancia económica para el ciudadano, este paso con el País Vasco significa abrir ese melón, romper ese tabú», añade.
[–> [–>[–>Efecto llamada a Cataluña
[–>[–>[–>
Los catedráticos asturianos avisan del efecto dominó. Huergo lo formula así: «Da lugar a que, en vez de que todas las comunidades tengan sus mismas competencias, haya regímenes a la carta». Y anticipa el «efecto llamada» hacia Cataluña, que acabará reclamando lo mismo que los vascos. En su análisis, el problema no es que los ciudadanos vayan a cobrar más o menos prestaciones, sino el coste de fragmentar estos servicios públicos: «Cuando divides la Administración y la troceas aumentan los costes e ineficiencias… Y se producen más dificultades de compartir información, más puertas abiertas al fraude».
[–>[–>[–>
El otro foco de desigualdad está en la financiación. Huergo recuerda el debate del cupo: «El cupo del País Vasco ahora mismo es negativo. Es decir, recibe más del Estado de lo que aporta. Y con esto sería todavía más negativo, porque recibirá el dinero para gestionar estas prestaciones, incrementando así la desigualdad entre regiones».
[–>[–>[–>El contexto político
[–>[–>[–>
El también catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Leopoldo Tolivar pone el acento en el contexto político. «El País Vasco invoca su Estatuto de Autonomía, que dicen que lleva sin cumplirse desde 1979. El estatuto menciona solo unas palabras y luego el contenido de esas palabras es lo que puede ser más discutible», señala. Y añade que «aparte, está el tema de la oportunidad política, como siempre, buscando unos apoyos para sostener la legislatura» de Pedro Sánchez, lo que —admite— alimenta «desconfianzas hacia la ortodoxia» de algunas cesiones.
[–>[–>[–>
Tolivar se declara especialmente cauteloso: «Para mí, por encima de todo está la Constitución Española, que limita las competencias que puedan tener las comunidades autónomas». Y advierte sobre la deriva de desigualdades: «La descentralización no es mala en sí, la cuestión son los agravios comparativos… La realidad está siendo que el sistema autonómico español no conduce ahora mismo a un régimen de igualdad, y eso ya lleva ocurriendo desde el momento en el que País Vasco y Navarra se saltaron la normalidad».
[–>[–>
[–>En Asturias, el debate no se lee como una cuestión lejana. La gestión de prestaciones —desempleo, subsidios, no contributivas— toca de lleno a miles de hogares. Los expertos consultados coinciden en que los derechos de los ciudadanos serán los mismos, pero discrepan del camino elegido: «Trocear las competencias estatales supone más costes y más ineficiencias», insiste Huergo. Y Tolivar lo enmarca también en una amplia preocupación que comparten los dos: que la diversificación competencial, si se negocia al calor de mayorías parlamentarias, agrande una España autonómica cada vez menos igualitaria.
[–>[–>[–>
Suscríbete para seguir leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí