La coordinadora y representante legal de Sumar, Lara Hernández, informó sobre la investigación interna que lleva a cabo el movimiento político contra Íñigo Errejón al instructor del caso por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá.

En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la plataforma de Yolanda Díaz aclara por primera vez que las actuaciones realizadas de forma orgánica respecto de su exportavoz parlamentaria giraron en torno a la publicación de un «testimonio anónimo en una red social», días antes de que dimitiera y abandonara la vida pública, el 24 de octubre de 2024.

Sumar destacó ante el juez Adolfo Carretero que estas acusaciones públicas dirigidas contra Errejón «son anteriores» a que la actriz interpusiera la denuncia por la que inició investigación penal.

La formación de izquierdas del PSOE quiso dejar constancia ante el magistrado que «realizó otras actuaciones encaminadas a esclarecer si en el seno de la organización pudo haber algún tipo de acto o conducta con contenido sexista» por parte de Errejón «o si alguna persona vinculada al partido tenía conocimiento de ellas».

Ambas investigaciones realizadas por Sumar arrojaron el mismo resultado negativo: «No se ha obtenido ningún resultado relacionado con el caso que conoce este tribunal».

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid lo solicitó al partido de Díaz después de que el abogado de Mouliaá, Alfredo Arrién, le instara a facilitar los datos de la búsqueda interna que llevó a cabo para comprobar si había rastros de «posibles conductas machistas y abusos psicológicos y sexuales de distintas víctimas».

En este momento, el procedimiento se encuentra paralizado a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid fije fecha para deliberar sobre los dos recursos interpuestos por la defensa del ex político.

Como ya publicó este diario, Sección

Y, luego, el que fue presentado interinamente antes por la abogada de la también cofundadora de Podemos, Eva Gimbernat, para anular su procesamiento.

Lo cierto es que el juez Carretero incluso ordenó la apertura de juicio oral para él por un delito de acoso sexual continuado, solo con la acusación de Mouliaá y la acción popular, que representa el abogado Jorge Piedrafita, en representación de la Asociación Especializada en Defensa Integral de Víctimas del Delito (Adive), que solicitó en ambos casos una pena de tres años de prisión.

Además, la denunciante solicitó que se le concediera una indemnización económica de 30.000 euros por los daños morales y psicológicos sufridos, así como su inhabilitación absoluta durante el período de su condena.

La Fiscalía exigió el sobreseimiento de las actuaciones al no ver pruebas suficientes para continuar el proceso en su contra, al igual que su defensa, que, evidentemente, solicitó el archivo.

Citación por calumnia

Se da la circunstancia de que esta próxima semana ambos son citados por la denuncia por delito de calumnia que Errejón interpuso contra Mouliaá, después de que ella supuestamente le hubiera acusado de haber extorsionado a dos testigos que fueron interrogados en el caso de la presunta agresión sexual.

Después de haber suspendido su declaración en dos ocasiones en este otro procedimiento, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid les citó para el próximo viernes día 24, a las 10.30 horas.

El magistrado Arturo Zamarriego les advirtió que para evitar «nuevas dilaciones en el proceso» tenían un plazo único de tres días para informar de la existencia de una «causa probada» que les impedía personarse en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid).

Ya que la última cancelación de la cita se debió a la ausencia del abogado de la actriz, quien afirmó en el último momento que debía pasar por el quirófano.

Este nombramiento judicial del juez Zamarriego coincidirá con otro de gran relevancia mediática, dado que es el mismo que investiga el caso por las supuestas cloacas del PSOE.

Serán interrogados (a las 10.00 y 11.00 horas) dos testigos de la reunión que Leire Díez y Javier Pérez Dolset mantuvieron con el empresario Alejandro Hamlyn en el despacho del jurista Jacobo Teijelo (que representa a Santos Cerdán).

Se investiga si durante la reunión pidieron a Hamlyn información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.