Los socios del gobierno de coalición no pueden ponerse de acuerdo en materia de vivienda. Aunque las medidas propuestas por Pedro Sánchez pretenden seguir interviniendo en el mercado del alquiler, SUMAR se opone a una de ellas: la Bonificación del 100% del impuesto sobre la renta de alquiler al propietario que decida mantener el precio del mismo para su inquilino. El objetivo es que los precios no suban aún más, y aunque esta idea es compartida por SUMAR, lo que no le gusta es el beneficio fiscal que obtendrían los propietarios de viviendas.

El Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy ha sido claro este viernes lanzando un mensaje a la parte socialista del Gobierno: «Nunca lo vamos a aceptar porque es injusto, porque no va a funcionar y porque la solución existe y se llama prórroga de contratos.«, afirmó en rueda de prensa. Y su propio departamento ha presentado esta semana un informe en el que concluye que los propietarios son más ricos que los inquilinos. Una de sus conclusiones es que el ingreso medio de propietarios es un 82% superior a la de inquilinoslo que se traduce en 23.638 euros más anualmente, siendo los primeros 52.449 euros frente a los 28.810 euros de los segundos. Datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2024 publicada por el Instituto Nacional de Estadística que sirve a Bustinduy para exigir mayor protección a los inquilinos.

Como hizo Franco en el 64.

Del mismo modo que hizo el lunes Sánchez, que pidió regular el alquiler de pisos por habitaciones, igual que hizo Franco en el 64, ahora el partido de Yolanda Díaz se bebe del manual de legislación del dictador para evocar otro principio de la Ley de Arrendamientos Urbanos del 64 que establecía que los precios de los alquileres eran fijos. Aunque había una manera de actualizarlos según el IPC, esto no era automático y requería la aprobación específica del Consejo de Ministros, lo que rara vez ocurría, ya que aumentar los alquileres era una medida muy impopular.

Esta ley y precisamente este extremo que ahora reclama el partido de Yolanda Díaz y Bustinduy, está en el origen de los famosos «alquileres viejos», inquilinos que en los años 70 u 80 seguían pagando cantidades irrisorias por el alquiler.

Por si Yolanda Díaz o Bustinduy quieren saber cuál fue el resultado de la aplicación de esa ley, es sencillo: el mercado del alquiler se secó por completo, desviando todo el mercado a la compra y venta.

Presiones para Sánchez

En su intervención ante la prensa, el ministro ha presionado aún más a Pedro Sánchez, quien desde SUMAR también le reprocha que se haya enterado el lunes de la formación de sus propuestas para el Real Decreto Ley sólo cinco minutos antes. «Creo que el único camino a seguir es la rectificación. y la negociación sobre la prórroga de contratos», afirmó. Y según datos del Ministerio de Consumo, entre 2026 y 2027 expirarán dos millones setecientos mil contratos de alquiler, lo que expone a sus inquilinos a aumentar sus ya elevados alquileres, explicando que desde 2022, en promedio sus precios han aumentado un 30%.

Medida constitucional ante los ojos del ministro

Por dias El sector socialista ha afirmado que la prórroga forzosa de los contratos de alquiler es inconstitucionalaferrándose a un informe de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, el ministro Bustinduy quiso dedicar parte de su discurso a responder a esta afirmación, asegurando que «la realidad en este sentido es inapelable» porque «El Gobierno de coalición ha aplicado la prórroga hasta ocho veces de los contratos desde 2021. Pero los socialistas se han refugiado en el argumento de que se realizaron en el marco de la pandemia y con el estado de alarma, pero Bustinduy lo niega.De esas ocho ocasiones en las que se ha aplicado esta medida, cinco se han producido fuera del estado de alarma«Recordando que la base legal en los decretos leyes con los que se aprobaron «se refería al incremento del incremento del precio de la vivienda y por tanto, al esfuerzo económico que tienen que hacer las familias para poder hacer frente a los alquileres», argumentó.

Aunque en el tema de las bonificaciones a los propietarios son los Ministerios de Vivienda y Hacienda, el Ministerio de Consumo ha salido en defensa de su papel en esta historia afirmando que «muchos se están lucrando excesivamente a costa del derecho constitucional a la vivienda de nuestros compatriotas».