Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha presentado un proyecto de ley en el Congreso para establecer un estricto régimen de incompatibilidades a los expresidentes, al establecer una prohibición de formar parte de los consejos de administración de empresas estratégicas durante diez años después de dejar el cargo, en lugar de los dos actuales.

También establece la dedicación exclusiva a los expresidentes que se incorporen al Consejo de Estado, estableciendo su salida automática si pasan a ser remunerados en el sector privado. Además, está prevista la pérdida de su pensión compensatoria y el retiro de la oficina y el personal asignados, como ahora tienen como perrrogativa por su condición de expresidentes, en caso de que opten por una lucrativa actividad privada no vinculada al ámbito académico y de divulgación. Tampoco se les privaría del servicio de escolta.

Su propuesta incluye una disposición adicional a aplicar retroactivamentees decir, afectando a Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

La iniciativa ha sido presentada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y el líder de IU y portavoz de Interior y Justicia del grupo plurinacional, Enrique Santiago, en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Regeneración democrática

El socio minoritario hace su jugada y presenta por su cuenta esta reforma, que incluye como parte de la batería de medidas de regeneración democrática tras la acusación de Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’.

El texto propone la reforma de tres leyes que apuntan reforzar los controles sobre los expresidentes y establecer una delimitación clara entre las actuaciones de los grupos de interés y el posible tráfico de influencias en el caso de los expresidentes.

«Es imperativo avanzar hacia una estrategia integral de prevención. Esta purga democrática requiere de mecanismos independientes que aseguren la detección temprana de irregularidades e impidan cualquier explotación derivada del uso en beneficio de información privilegiada obtenida en el ejercicio de funciones públicas. Se trata, por tanto, de evitar que las instituciones sean objeto de un uso clientelista o de captura corporativa por parte de élites económicas que operan de espaldas al control democrático parlamentario», afirma el proyecto de ley.

Al mismo tiempo, añade que la Presidencia del Gobierno está «la máxima dirección política del Estado» y su legitimidad emana de «un compromiso ético que no termina con el cese del cargo».

Elevar el listón ético

Durante su comparecencia, Urtasun ha destacado que la acusación de Zapatero ha demostrado que hay actividades «poco éticas» por expresidentes y, por tanto, es hora de poner fin a las «viejas prácticas» del bipartidismo con una iniciativa que refuerce la ejemplaridad en el ejercicio de los cargos públicos. «Es fundamental no seguir promoviendo la desafección ciudadana», argumentó.

El titular de Cultura ha afirmado que esta reforma debe contar con el apoyo de la mayoría de los grupos y que, aunque es consciente de la preocupación que existe por los casos que afectan al PSOE, su intención es que «nadie tenga que elegir entre dimitir ante la llegada de PP y Vox o dejar de creer en la política». Por tanto, es «imprescindible» dar el mensaje de que se reacciona desde «Máxima ética y transparencia».

Urtasun ha subrayado que apuesta por la continuidad del Gobierno pero advierten al PSOE «que el inmovilismo no es una opción». Y como ya hiciera el pasado sábado, declaró que están cansados ​​de que el ala socialista se convierta en «un lastre para la mayoría progresista».

Creen que no sería incomprensible que el PSOE no apoyara su propuesta

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso ha admitido que comparten la «preocupación», «tristeza» y «desconcierto» de las bases izquierdistas ante la posibilidad de que Zapatero haya incurrido en un presunto delito de corrupción, pese a que también son conscientes de que existe una operación para intentar «desestabilizar» y «derrocar» al actual Gobierno por parte de la derecha, bajo la máxima lanzada por Aznar de «quién puede hacer lo que se hace».

Por ello, ha opinado que no entendería que el PSOE no apoyara esta iniciativa ante la actual crisis que le afecta y ha exclamado que no pueden acostumbrarse a que expresidentes formen parte de los consejos de administración de las empresas energéticas.

Por su parte, Santiago ha añadido que esta reforma se enmarca en su deseo de prevenir la corrupción y ha recordado que por ahora se han aplicado pocas medidas del plan de regeneración democrática que se acordó hace un año con el PSOE.

Advierten de las actividades de Aznar y González

En el camino, ha revelado que todo el país ««Está alarmado por la denuncia sobre presunto tráfico de influencias» eso afecta a Zapatero y por tanto es necesario resolver la actividad institucional de los expresidentes del bando lobbyista para que no incurran en posibles actividades delictivas.

Dicho esto, ha subrayado que llama la atención que José María Aznar fiche como asesor de Endesa, empresa que fue completamente privatizada durante su mandato, cuando la compañía fue privatizada en su totalidad por él, o que Felipe González fuera consejero de Naturgy y del consejo rector de Doñana al mismo tiempo que se tramitaba un almacén de gas en ese entorno protegido, al margen de sus inversiones en Marruecos.

Por ello, ha desvelado que los expresidentes Tienen un salario generoso en el Consejo de Estado de forma vitalicia y dicha función debe ser totalmente incompatible con funciones de lucro privado en el sector público, excluida la faceta académica e informativa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas las últimas novedades y los mejores contenidos.