La regularización masiva de inmigrantes que ha sido aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo objeto de debate. El plazo de postulación se abrió el 16 de abril y finaliza el 30 de junio del presente año. Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, el Ejecutivo registró Más de 130.000 solicitudes en la primera semana del proceso.

Por lo tanto, aún queda un camino importante para llegar a esos «500.000 beneficiarios potenciales» que proyecta el Gobierno y que alcanzarían «una carga potencial total de 752.250 expedientes a tramitar». Esta diferencia se debe a «solicitudes duplicadas e incumplimiento de requisitos», según un documento oficial del Ejecutivo de Sánchez.

Por supuesto, estas cifras difieren considerablemente de las previsiones del sindicato de policía. Júpolque estima que la regularización alcanzará «más de un millón de personas directamente y más de dos millones indirectamente mediante reagrupaciones familiares».

los requisitos

Según lo establecido por el Ejecutivo, para acogerse a la regularización del Gobierno es necesario acreditar haber residido en España durante al menos 5 meses (con documentos públicos y privados), no tener antecedentes penales (no policiales) y cumplir uno de estos tres requisitos:

1. Haber trabajado bajo contrato (o pretender trabajar presentando uno).
2. Residir con menores o adultos dependientes.
3. Ser clasificado como «vulnerable».

El Consejo General de Colegios de Directivos Administrativos de España, uno de los órganos autorizados por el Gobierno para «acompañar a los solicitantes durante todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes» mantuvo ayer lunes un encuentro con la prensa para explicar las principales claves de esta controvertida norma.

Una variedad de ideas para probar la residencia

En el caso de pruebas con documentos «públicos o privados» que estén recogiendo los solicitantes de regularización, Los directivos se encuentran con una amplia gama de manifestaciones, en muchos casos sorprendentes.. «Tienen muchas pruebas porque la mayoría de los inmigrantes con los que hemos tratado llevan aquí más de cinco meses», afirma Ariel Mantecón Ramos, director del servicio jurídico del Colegio de Directivos de Madrid.

Una de las acreditaciones más comunes es «altas, contratos de arrendamiento o facturas de luz y gasaunque es cierto que puedes tener un contrato de alquiler a tu nombre y no residir en la vivienda», explicó Carlos Rodríguez-Noriega, secretario del consistorio y responsable del grupo de inmigración. Por eso, para los gestores, los documentos más fiables para acreditar la residencia son «los bonos de transporte nominativoscon el que podrás demostrar que has estado desplazándote por la comunidad autónoma y el documentos de visitas al médicoque son posibles incluso estando en situación irregular”, añadió Rodríguez-Noriega. En el evento también participó Carlos Capa, secretario general de la Asociación de Comunicadores e Informantes Jurídicos (ACIJUR).

Sin embargo, la falta de concreción por parte del Gobierno, la ambigüedad de la norma y la desesperación de los candidatos por obtener la regularización están dando lugar a la presentación de una lista infinita de pruebas que también podrían ser válidas a la hora de cumplir ese requisito obligatoriosegún los expertos.

«Recibos de compras, transacciones bancarias… e incluso hemos encontrado el caso de un senegalés que, como sabía que esto iba a ser aprobado, Saqué un libro al mes en la biblioteca para que quedara registrado. o la de una mujer que presentó fotos de su pequeño hijo que cantó en un coro para demostrar que estaba aquí, otras que presentaron fotos en la feria…», relató Mantecón.

Los directivos aseguran que los organismos oficiales «son muy fluidos» a la hora de aceptar las solicitudes de regularización. «En este momento, ¿qué háznoslo saber, no han desmentido ninguna. No han puesto ninguna objeción. Está claro que lo que quieren es conseguir tantos como puedan, lo cual es bueno, porque hay vacantes vacantes en el mercado laboral y dará más estabilidad a los inmigrantes», aunque cuestionan la opacidad del proceso. «Era necesario, pero no en estos términos», añaden.

«Aún no sabemos cuánto costará el refuerzo de Correos o Tragsatec hacer el trámite porque no conocemos los contratos», reconoció Rodríguez-Noriega, quien tampoco sabe si los cientos de ONG que están emitiendo los certificados de vulnerabilidad recibirán alguna compensación estatal en el futuro. «¿Serán subsidios el año que viene?» se preguntó.