El repudio casi total de los gobiernos autonómicos a la propuesta del Ministerio de Hacienda augura un camino aún más complicado de lo que ya estaba previsto para la norma, amenazada con recursos de constitucionalidad por parte de los gobiernos autonómicos del PP. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intentó abordar el asunto durante su reunión de este miércoles con las comunidades autónomas, recordando que la adhesión a este modelo será voluntaria y que cualquier región -actualmente 14 de 15- que no quiera sumarse puede quedarse en el sistema actual. «Aquí nadie está obligado a suscribirse al modelo. Si quieren seguir con el anterior no hay problema porque podemos avanzar en paralelo porque ya lo tenemos previsto», dijo Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión.

El argumento ha sido muy mal recibido por los consejeros regionales, especialmente por los socialistas de Castilla-La Mancha que ha tachado la maniobra de chantaje y ha deshonrado a la ministra al condicionar la mejora de la financiación propuesta por el sistema a la aceptación de un sistema propuesto, en su opinión, para complacer a los nacionalistas.

Las autonomías del Partido Popular han anunciado que explorarán todas las vías legales disponibles para obligar a la ministra de Hacienda a «volver a la casilla de salida» y reiniciar la negociación de la reforma del sistema desde una perspectiva multilateral y no creando una especie de «sistema de castas», como ha calificado la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que ha sido la más firme al asegurar que no se van a suscribir a este sistema.

Para Montero, la posición de las autonomías del Partido Popular responde a una pose política, que subrayan ante la certeza, ha asegurado, de que renunciar a los nuevos recursos que les proporciona el sistema «puede perjudicarles en sus territorios». Sobre Asturias y Castilla-La Mancha prefirió pasar de puntillas y reveló que Asturias se ha mostrado dispuesta a negociar el modelo en el seno de la reunión.

En realidad, todas las comunidades autónomas se han mostrado en la reunión dispuestas a negociar el modelo; de hecho, han exigido a Montero renegociar el modelo, sobre bases diferentes y en un diálogo multilateral, como han subrayado varios concejales del PP.

Montero, que el pasado viernes afirmó que a estas alturas ya no había mucho margen para alterar los parámetros básicos del sistema, se mostró este miércoles, quizá tras la decepción de la reunión con las autonomías, algo más abierto. «Una negociación es una negociación y no se puede avanzar hasta donde se puede llegar», ha dicho, aunque ha rechazado concretar si Hacienda estaría o no dispuesta a alterar el reparto de recursos que se ha pactado con la Generalitat de Cataluña y que constituye una línea roja en el acuerdo alcanzado con el gobierno de Illa y con ERC.

Más tensa que en otras ocasiones, la vicepresidenta ha cargado contra Feijóo, a quien atribuye la postura firme contra el sistema de autonomías del PP, y ha despachado con cajas templadas las preguntas de los periodistas sobre si el eventual rechazo de todos los gobiernos autonómicos a su propuesta -confirmada tras la reunión de este miércoles- podría erosionar la legitimidad de una reforma que ha sido negociada y diseñada bilateralmente. Aprovechó para recordar que la aprobación de la reforma del sistema de financiación autonómica no depende del mayor o menor apoyo de las comunidades autónomas sino de lograr una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados.