El texto del anteproyecto elaborado por Trabajo insiste en la necesidad de «modificar la legislación preventiva» para que adaptarse a la realidad de las PYMES, hasta ahora ajenas a la legislación vigente, según el análisis realizado por el departamento que dirige Díaz. Entre otras medidas, la creación de «agentes de prevención territorial» reforzar todas las medidas posibles en los centros de trabajo que no cuentan con representación legal de los trabajadores «con un especial impacto positivo en las pymes», explica el Ministerio.

Precisamente los mayores exigencias a las empresas más pequeñas Ha sido una de las sospechas que siempre han rondado por la cabeza de los empresarios durante los casi dos años de negociaciones llevadas a cabo con el Partido Laborista y los sindicatos en torno a esta ley. CEOE y Cepyme desconfían de las medidas que, si bien aparentemente pretenden agilizar todos estos procesos, puede conducir a un complejo laberinto al ya mermado día a día administrativo que atraviesan muchas pequeñas empresas, como ya ocurrió con las trabajadoras del hogar.

La ley recoge también la necesidad de que todas las empresas tengan en cuenta nuevos criterios de actuación preventiva vinculados a la realidad actual de las actividades económicas. Por ello, se presenta para «visualizar ciertos riesgos» que han ido ganando terreno en el día a día de las empresas, como es el caso de «factores psicosociales»los «derivados de Cambio climático» y teletrabajo; así como los causados ​​por «deficiencias en desconexión digital».

Además, está obligado a integrar la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales «tratando de garantizar a todos los trabajadores, hombres y mujeres, por igual», como subraya el anteproyecto en su presentación. También pretende «reforzar la organización preventiva» en las empresas a través de «una mayor presencia y peso de los trabajadores con funciones preventivas».

Pasar por el Congreso

Con la publicación de la consulta pública, Partido Laborista ha optado definitivamente por la forma de tramitación parlamentariaa pesar de los primeros intentos de poner en marcha el proyecto sin tener que atravesar el laberinto parlamentario en el que el Gobierno no tiene mayoría garantizada, debido a la previsible negativa de PP, Vox y Junts a una modificación laboral de esta magnitud.

Ya a finales de noviembre, CEOE y Cepyme lamentaron que Trabajo se hubiera abandonado la mesa de negociación sobre la actualización de esta normativa para legislar «sólo con los sindicatos». Luego instaron al ministerio a retomar el diálogo social. «real y efecto» descartando la vía de imponer medidas sólo acordadas con los sindicatos.

Los empresarios recordaron que han celebrado 12 reuniones de esta mesapero que no se ha llegado a un consenso “por la falta de negociación por la falta de un texto completo por parte del Ministerio de Trabajo hasta septiembre pasado”. Asimismo, denunció que se ha acelerado la negociación con el «ultimátum» del Ministro de Trabajo y la amenaza de aprobar novedades normativas «sin estar sometidas a debate ni trámite parlamentario», lo que vulnera «los principios esenciales del verdadero diálogo social».

«Se ha impedido una negociación real, se ha limitado la consulta a las organizaciones empresariales y se nos ha achacado el resultado de una mesa que CEOE y Cepyme consideran fundamental para el presente y futuro del desarrollo del trabajo en nuestro país. Todo desde una actitud que parece responde más a intereses políticos que a la protección de la salud laboral», denunciaron los empresarios.