Desde su implementación, los cientos de la prisión de máxima seguridad de El Salvador, conocidos como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT,) se cuentan como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La administración Trump defiende la medida como una estrategia para combatir el crimen organizado, pero las organizaciones de derechos humanos, los sectores legales y políticos advierten sobre su impacto humanitario y las posibles repercusiones legales de estas deportaciones de exportación.

Un sistema de puntos cuestionado

Tener más de 14 años, no ser un residente permanente de los Estados Unidos y ser de origen venezolano son los tres requisitos necesarios para optar por este sistema de puntos. Solo ocho, en una escala de hasta 87, son necesarios para considerar a alguien como «extranjero enemigo» y deportarlo, sin el derecho a la defensa, El Salvador. Recordamos que esta prisión es conocida por sus estrictas medidas de aislamiento extremo y hacinamiento y ha sido denunciada por múltiples organizaciones en defensa de los derechos humanos.

Entre los criterios utilizados para calificar a los inmigrantes, elementos como tatuajes, gestos con manos e incluso el tipo de ropaAunque el FBI ha indicado que estas indicaciones no son suficientes para determinar la pertenencia a una organización criminal.

La guía incluye seis categorías de evaluación: resultados judiciales y documentos oficiales, autoadmisión, conducta y información penal, documentos e comunicaciones, simbolismo y asociación. Dependiendo de la evidencia obtenida en cada una de estas áreas, se asignan puntos que pueden conducir a una deportación o encarcelamiento inmediato sin la posibilidad de defensa.

El principal problema es que el sistema de puntos se distribuye de manera controvertida y arbitraria. Por ejemplo, se otorgan dos puntos si se ve a un individuo usando supuestos gestos de la pandilla, sin definir cuáles son, y otros dos si se observa graffiti de pintura. Aún más sorprendente es que tener tatuajes que «denotan membresía o lealtad» a la banda criminal Agregue otros dos puntos, aunque el documento no especifica qué tipo de símbolos ingresarían a esta categoría. Tampoco hay claridad sobre qué «insignias» o «dibujos» en la ropa podrían considerarse indicaciones de afiliación.

Las redes sociales y la revisión de los teléfonos móviles también juegan un papel de liderazgo en este sistema de puntos, ya que, si el sujeto «autoidentifica», incluso si es «involuntariamente», como miembro de la banda en sus mensajes o redes, 10 puntos se atribuyen directamente.

Deportaciones sin juicio previo

La lista de validación ha salido a la luz gracias a una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra el gobierno de Trump. La organización denuncia que el uso de esta guía ha llevado a la deportación de personas sin antecedentes penales, Basado en meros supuestos visuales o testimonios sin verificación. Los familiares de varios deportados han asegurado que sus familiares no tienen vínculos con el crimen organizado y que algunos de los tatuajes considerados «sospechosos» son meros símbolos deportivos, como los escudos reales de Madrid.

Se han realizado deportaciones Según la ley de enemigos extranjeros, una legislación de siglo XVIII rara vez usa Y que, según varios jueces federales que han tratado de detenerlo, no justifica las expulsiones masivas de hoy. Sin embargo, la administración Trump ha pedido a la Corte Suprema que levante la suspensión judicial que evita que esta regulación se aplique.

La respuesta del gobierno de los Estados Unidos

La Casa Blanca defiende la guía, asegurando que permita combatir efectivamente el crimen organizado. Tu portavoz, Karoline Leavittha confirmado el uso de la guía y ha defendido su implementación, asegurando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplique «criterios extensos para determinar la deportación de terroristas extranjeros».

Además, agregó que «Estados Unidos no permitirá que las organizaciones penales extranjeras operen dentro de nuestras fronteras» y que «las medidas adoptadas buscan proteger a los ciudadanos estadounidenses de posibles amenazas».

Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubioha confirmado que se han realizado nuevos vuelos de deportación esta semana, en los que había presuntos miembros del tren Aragua y la pandilla MS-13, sin dar más detalles sobre los procedimientos utilizados para la identificación.

El gobierno confirma que se deportan por error

Cada vez más familias denuncian que sus padres, hijos o hermanos han sido llevados a la prisión de alta seguridad sin ninguna indicación clara de pertenecer a cualquier organización criminal, simplemente por usar rosas tatuadas o vestirse con ropa excesivamente ancha. El último caso que ha salido a la luz es Kilmar Armando Abrego GarcíaUn salvadoreño que vivía en Maryland y estaba legalmente en los Estados Unidos.

García fue deportado a El Salvador y encarcelado allí debido a un «error administrativo», según documentos judiciales presentados por los funcionarios del gobierno de Trump. A pesar de tener un estatus de refugiado desde 2019, lo que le permitió permanecer en los Estados Unidos para evitar ser perseguido en su país de origen, fue arrestado el 12 de marzo y deportado tres días después.

Su esposa e hijo, ambos ciudadanos estadounidenses, han emprendido una batalla legal contra la administración Trump para lograr su regreso, sin embargo, el Departamento de Justicia ha argumentado que los tribunales de los Estados Unidos carecen de jurisdicción para ordenar su liberación o transferirlo al país.

Reacciones internacionales

El uso de la ley de enemigos extranjeros y la política de deportaciones de la administración Trump han generado reacciones en la comunidad internacional. Los gobiernos latinoamericanos, incluido el de Venezuela, han expresado su preocupación por la llegada masiva de los deportados sin antecedentes claros. Mientras el presidente salvador Nayib Bukele Ha aceptado la llegada de los deportados bajo la premisa de combatir el crimen, algunos sectores dentro del país han advertido sobre el riesgo de una posible violación de los derechos humanos.

Por otro lado, la Unión Europea y varias organizaciones internacionales han expresado su preocupación por la aplicación de estas regulaciones, señalando que podría abrir la puerta a expulsiones arbitrarias. La presión sobre la administración Trump aumenta mientras la batalla legal se intensifica en los tribunales de los Estados Unidos.