El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha desafiado una vez más las convenciones demócratas al firmar una orden ejecutiva que abre la puerta a la militarización de las ciudades estadounidenses bajo el argumento de garantizar el «orden público». La medida, anunciada el lunes en la Casa Blanca, otorga al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, la responsabilidad de crear una unidad especializada dentro de la Guardia Nacional de Washington, DC, dedicada al trabajo de seguridad y con la capacidad de desplegarse en cualquier rincón del país. Es un paso inédito que, en palabras de sus críticos, es un intento de normalizar la presencia de soldados armados en las calles para ejercer funciones policiales.

La Orden Ejecutiva no solo contempla la formación de este cuerpo especializado en la capital, sino también la creación de una «fuerza de reacción rápida permanente» de la Guardia Nacional. Esto estaría dotado de recursos, capacitación y capacidad de despliegue inmediato en cualquier ciudad estadounidense. El Pentágono, que aún evalúa cómo implementar el mandato presidencial, ha reconocido que el nuevo esquema se rompe con las prácticas actuales: hasta ahora, las fuerzas de reacción rápidas estaban formadas por unidades existentes, que se movilizaron en cuestión de horas antes de emergencias, desastres naturales o disturbios de gran magnitud. Pero ahora Trump tiene la intención de que estas unidades tengan un mandato específico: controlar las manifestaciones y reforzar a la policía en el trabajo de orden público.

El presidente justificó la medida en la supuesta necesidad de combatir el «crimen desenfrenado» en ciudades como Washington, Chicago o Nueva York. Sin embargo, las estadísticas oficiales contradicen esa historia: en la capital del país, por ejemplo, las tasas de violencia están en mínimos históricos de las últimas tres décadas. Aun así, más de 2,000 personal de la Guardia Nacional, muchos de ellos enviados por gobernadores republicanos de otros estados, hoy patrulla las calles de Washington. Lo hacen en áreas turísticas de bajo crimen, y con tareas tan pequeñas vinculadas a la seguridad como recolectar basura o posar para fotografías con visitantes. Paralelamente, se ha encontrado que algunos de estos soldados ya están armados con armas y rifles de asalto.

La estrategia no se limita a la capital. Al comienzo del verano, Trump ordenó el despliegue de 4.000 guardias nacionales y 700 marines en Los Ángeles después de protestas contra sus políticas de inmigración. Aunque la Casa Blanca describió a la ciudad como un polvorínado tomado por «alborotadores violentos», la realidad era diferente: las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas y concentradas en un pequeño sector del centro. El gobierno de California presentó una demanda alegando que el presidente había usurpado los poderes estatales, un pulso legal que anticipa los conflictos que vienen si Trump insiste en llevar la militarización a las ciudades gobernadas por los demócratas.

Ahora, con esta orden ejecutiva, Trump no solo refuerza su capacidad de intervención en Washington, donde tiene autoridad directa sobre la Guardia Nacional porque es un distrito federal, sino que también busca crear un precedente para extender esa lógica al resto del país. En declaraciones a los periodistas, el presidente no ocultó su intención: «Estamos listos para ir a cualquier parte», dijo cuando se le preguntó si planeaba enviar tropas a Chicago. La amenaza se extendió poco después a Nueva York y Baltimore, ciudades de tradición democrática donde Trump quiere demostrar fuerza contra las autoridades locales que rechazan su agenda.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) describió la medida como «injustificada y peligrosa», advirtiendo que pone a los ciudadanos comunes en riesgo de violaciones de sus derechos fundamentales. «Nuestros valores fundamentales establecen que los militares no deben ocuparse de la seguridad interna. Este tipo de despliegue crea una tierra legal incierta para soldados y agentes, además de un entorno de intimidación contra la población», dijo Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la Organización.

Además, el alto rango retirado de la Guardia Nacional también se ha unido a las críticas. El general Randy Way, ex jefe interino de la Oficina de la Guardia Nacional, dijo que la medida es «100% política» y busca «acostumbrar a los estadounidenses a ver soldados armados patrullando las calles».

El debate legal no es menor. La ley conocida como Posse Commitatus prohíbe expresamente al Ejército a asumir funciones policiales en el territorio de los Estados Unidos, a menos que excepto las excepciones. La Guardia Nacional, dependiendo de los gobernadores, históricamente se ha utilizado en situaciones extraordinarias: huracanes, incendios o disturbios graves. Pero Trump tiene la intención de convertirlo en un brazo de control civil regular. En Washington, está protegido en la Ley de la Regla del Interior, lo que le permite asumir temporalmente el mando de la policía local y desplegar tropas federales. En otros estados, su margen de maniobra es más pequeño. La controvertida movilización en Los Ángeles se mantuvo en una disposición (Título X) que permite al presidente usar la Guardia Nacional para proteger las instalaciones federales, pero los expertos constitucionales advierten que repetir este esquema en otras ciudades podría desatar una cascada de litigios.

Para los detractores, el verdadero objetivo de Trump es consolidar una narración de «fuera de control» gobernada por demócratas y justificar una demostración de la autoridad militar. Una estrategia de confrontación que, según los analistas, erosiona la frontera entre el poder civil y militar en los Estados Unidos.

Trump, sin embargo, insiste en que sus medidas son necesarias y que los gobernadores deberían «agradecer» por la ayuda. El presidente ha repetido varias veces que «los demócratas deberían pedirnos que ingresemos» en sus ciudades para imponer seguridad. Lejos de apaciguar la tensión política, sus declaraciones confirman que la militarización de los espacios urbanos se ha convertido en otra arma en la batalla partidista que cruza el país.