Que 2 de cada 3 españoles crean, según la tan comentada encuesta, que en España existe lawfare, o que «algunos jueces toman decisiones guiadas por sus propias ideas políticas» y que solo un tercio considere esas decisiones «justas e imparciales» debería preocupar seriamente no solo al Poder Judicial, sino a cualquier demócrata. Se trata de un castigo muy injusto de la opinión, pues la inmensa mayoría de los 5.000 jueces españoles hacen su esforzado trabajo tratando de ser independientes. ¿Qué ha podido ocurrir?. Se le puede echar la culpa hasta al empedrado, pero, si no queremos engañarnos deberíamos poner la vista en un corto número de jueces, algunos en la parte alta de la pirámide, que parecen esforzarse cada día en darles la razón a los opinantes, en perjuicio de aquella inmensa mayoría de verdaderos «profesionales de la imparcialidad», como he oído decir a un buen magistrado.

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