El contrato de defensa firmado por España con la estadounidense Raytheon para el compra de cuatro sistemas Patriot por valor de 1.700 millones de dólares (más de 1.400 millones de euros) ha entrado en el radar de los acreedores internacionales que persiguen al Reino de España por impagos derivados del recorte retroactivo de las primas de las energías renovables.

Como has podido saber Libertad digitalLos equipos jurídicos que representan al grueso de las empresas afectadas están estudiando fórmulas para intentar bloquear esta operación, interviniendo en pagos anticipados o dificultando la ejecución del acuerdo militar mediante transacciones posteriores.

La ofensiva está coordinada por el abogado Matthew McGill, socio de King & Spalding y principal estratega de las acciones judiciales emprendidas contra España en Estados Unidos. McGill representa a buena parte de los inversores internacionales que han derrotado al Estado español en arbitrajes internacionales y que posteriormente han obtenido siete resoluciones favorables en tribunales federales norteamericanos, que le han impuesto la Obligación con España de pagar préstamos por cerca de 688 millones de euros.

Fuentes familiarizadas con el proceso explican a LD que la intención de los acreedores es explorar si parte de los pagos, depósitos, transferencias bancarias o garantías vinculadas al contrato de defensa pueden ser objeto de procedimientos de recuperación. descubrimientoes decir, Si los tribunales norteamericanos pueden avanzar hacia el embargo o intervención de estas operaciones realizadas por España en suelo estadounidense.

La operación, anunciada por Reuters el pasado mes de diciembre, contempla la adquisición de cuatro baterías Patriot fabricadas por Raytheon, filial de RTX, dentro de un contrato valorado en 1.700 millones de dólares. El sistema Patriot es uno de los principales escudos antimisiles. del arsenal estadounidense y está diseñado para detectar, rastrear e interceptar aviones, misiles balísticos y otras amenazas aéreas.

Cada batería incluye radares avanzados, sistemas de comando y control, lanzadores móviles y misiles interceptores GEM-T, capaces de operar en escenarios de defensa aérea de alta intensidad. Según se publicó, el acuerdo prevé la participación de empresas españolas de defensa, como Sener, integradas en la cadena de suministro internacional del programa Patriot mediante la fabricación de componentes electromecánicos para los misiles. Sin embargo, todos Esta operación está ahora en entredicho, ante la escalada de medidas que buscan evitar la prolongación de 27 impagos cuyo coste para las empresas afectadas asciende a más de 2.310 millones de euros.

Otras acciones

En el mismo contexto, diferentes empresas y organizaciones que mantienen relaciones comerciales con España han recibido Requisitos judiciales para proporcionar documentación financiera.. Entre los destinatarios de estos pedidos se encuentran Adidas, Hilton, Vision Hospitality, Baylor University o la filial estadounidense creada por la FIFA para organizar el Mundial de 2026, FWCUS26. El objetivo de estas acciones es identificar posibles bienes embargables o pagos susceptibles de intervencióntodo ello en relación con la participación de la Selección Española en dicha competición.

Fuentes cercanas al proceso indican que el contrato con Raytheon podría convertirse en un nuevo frente de presiónespecialmente si hay pagos realizados a través del sistema financiero estadounidense o si parte de las garantías contractuales pasan por entidades sujetas a jurisdicción federal. Los acreedores consideran que España mantiene una estrategia sistemática de resistencia al pago pese a las sucesivas derrotas judiciales acumuladas en distintos países.

Otras derrotas judiciales

Además de las siete sentencias reconocidas en EE.UU., España ha sufrido importantes reveses en otras jurisdicciones clave. El Tribunal Supremo del Reino Unido falló definitivamente en contra del Estado español en marzo de 2026, mientras que los Tribunales Superiores de Australia y Singapur también han dictado resoluciones adversas a los intereses de la Abogacía del Estado. En paralelo, los acreedores han promovido embargos de activos españoles en el exterior, incluida la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, que ya ha sido cedida a los acreedores por la justicia holandesa, o pagos de Eurocontrol a Enaire, embargados por valor de más de 840 millones de euros con el aval de un tribunal belga.

Los montos reclamados siguen creciendo debido a los intereses y costos acumulados. Diferentes estimaciones sitúan ya la deuda total derivada de impagos de renovables por encima de los 2.310 millones de euros, cifra a la que corresponden casi 550 millones con la acumulación de intereses de demora, costes de pedidos y otros sobrecostes.