Un impuesto a la competitividad
Javier Martínez es presidente de OTEA Asturias
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El presente análisis nace con la vocación de aportar una reflexión serena sobre la implantación de la tasa turística en el Principado de Asturias. Una reflexión que nos lleva a mostrar nuestra oposición frontal a la medida. Un rechazo firme y razonado que se sustenta en datos y en evidencias como vemos a continuación.
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La presentación del proyecto para regular este impuesto abre un debate que trasciende lo meramente recaudatorio. Nos encontramos ante una encrucijada estratégica sobre nuestro desarrollo económico. Legislar sobre un sector motor de la región exige un análisis pausado y basado en evidencias, lejos de urgencias políticas o pactos presupuestarios coyunturales. Desde una perspectiva empresarial, este gravamen plantea graves distorsiones.
[–> [–>[–>El primer error conceptual es aplicar recetas para destinos masificados a una comunidad en fase de consolidación moderada. Asturias presenta un modelo marcado por una fuerte estacionalidad y una presencia contenida en los flujos globales, con una ocupación media anual en los alojamientos reglados que apenas alcanza el 50%.
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Hablar de «saturación» generalizada en el Principado es faltar a la verdad estadística; los episodios de gran afluencia son extraordinariamente puntuales. En lugar de premiar el esfuerzo del sector por profesionalizarse y desestacionalizar la demanda, la Administración impone una barrera fiscal que penaliza el éxito antes de consolidarlo.
[–>[–>[–>El argumento de que el visitante genera una presión insostenible sobre los servicios municipales carece de base económica. El turismo no es una carga para los asturianos, sino un contribuyente neto a la riqueza colectiva. El sector genera anualmente cerca de 500 millones de euros en ingresos fiscales en la comunidad, de los cuales 53 millones de euros impactan directamente en las haciendas locales de nuestros ayuntamientos. Esta recaudación total equivale al 80% de todo el gasto público destinado a la enseñanza infantil, primaria y secundaria en Asturias, o al 20% del presupuesto sanitario del Principado.
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El turista ya sufraga con creces los servicios que utiliza a través de los impuestos ordinarios.
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[–>Pretender justificar la tasa para «pagar las facturas ordinarias» locales delata que no estamos ante un instrumento de sostenibilidad, sino ante una mera voracidad fiscal para engrosar la caja común. Servicios como la seguridad, limpieza o transporte son obligaciones intrínsecas de la Administración, financiadas por la actividad económica general.
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Establecer un gravamen al alojamiento supone una duplicidad impositiva injustificada. Esta presión añadida es especialmente gravosa en un territorio cuya presión fiscal aparente ya se sitúa en el 37,9% de su PIB regional, muy superior a la de competidores como Madrid (27,9%), Galicia (36,5%), Cantabria (35,6%) o País Vasco (36,8%). Sumar más carga impositiva asfixia nuestra capacidad de atracción.
[–>[–>[–>En el mercado moderno, la psicología del consumidor es determinante. La tasa, por simbólica que parezca, opera como un «impuesto a las vacaciones». El mensaje exterior que proyecta Asturias es adverso: en lugar de alfombra roja a un destino históricamente aislado, situamos un mostrador de cobro en la frontera. Esto daña la competitividad frente a regiones limítrofes sin este gravamen. Además, al ser una cuantía fija por noche, no se vincula al impacto ecológico real; segmenta el mercado por capacidad de pago y penaliza desproporcionadamente a las familias y viajeros de rentas medias y bajas, resultando socioeconómicamente discriminatorio.
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El modelo basado en la «voluntariedad municipal» traslada la decisión fiscal a los ayuntamientos, provocará desigualdad regulatoria. La aparición de fronteras fiscales artificiales erosionará la marca Asturias. Carece de lógica que un turista pague recargo en un concejo y quede exento a escasos kilómetros, compartiendo la misma oferta y problemas. En mercados competitivos, cualquier incremento de coste desvía flujos. El precedente de la primera ecotasa en Baleares en 2001 demostró cómo su entrada en vigor contrajo la demanda hacia destinos internacionales alternativos.
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Para la gestión empresarial, el tributo añade una carga burocrática al convertir a los hoteles en recaudadores forzosos del sector público. El sector debe asumir íntegramente los costes financieros y de personal para adaptar sistemas informáticos, facturación desglosada y liquidaciones periódicas, sin compensación alguna. Además, introduce una fricción innecesaria en los procesos de recepción (check-in y check-out), afectando negativamente la experiencia del cliente.
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Esta exigencia resulta paradójica frente al déficit histórico de nuestras infraestructuras, que ya encarece la llegada de visitantes. Es una contradicción exigir un esfuerzo extra al turista mientras se le somete a uno de los peajes más caros de España en el Huerna, o a un tren de alta velocidad mermado perpetuamente por obras y retrasos. Exigir gravámenes de destino de lujo ofreciendo conexiones incompletas denota una profunda desconexión con la realidad competitiva del mercado global.
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La tramitación avanza, además, huérfana de un análisis de impacto económico independiente. No hay una memoria técnica que cuantifique con precisión la recaudación y los costes de gestión, que evalúe el impacto sobre el empleo y la rentabilidad, y que compare los ingresos previstos con la eventual pérdida de actividad económica y gasto medio inducido en el comercio u ocio.
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Gestionar mejor
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Los retos de los ayuntamientos por el truismo en temporada alta no se solucionan recaudando más, sino optimizando la gestión de los recursos disponibles. Los ayuntamientos ya reciben retornos por la riqueza que genera el turismo; el desafío es la distribución eficiente de sus presupuestos.
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Existen alternativas viables sin penalizar la pernoctación, como redefinir la financiación local de municipios turísticos, ordenar flujos mediante control de capacidad en espacios sensibles, diseñar estrategias de movilidad urbana basadas en evidencias y planificar inversiones desde los presupuestos ordinarios.
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En conclusión, la tasa turística es una medida innecesaria, contraproducente y perjudicial. El turismo asturiano corre el riesgo de autoimponerse barreras comerciales a su propia actividad.
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Asturias necesita atraer inversión y fidelizar la demanda. Castigar la pernoctación legal no es el camino para proteger nuestro turismo; el camino es, decididamente, dejar de penalizarlo.
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