El juez Jorge Chávez Tamariz emitió la detención preventiva durante cinco meses contra el ex presidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) para evitar que evite una eventual condena en el juicio por el crimen de soborno pasivo presuntos sobornos recibidos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

En una audiencia pública, el magistrado leyó la resolución después del argumento del fiscal Germán Juárez, quien detalló el pago de sobornos por 2.3 millones de suelas ($ 611,000) de las compañías ganadoras de las obras de Lomas de ILO y la expansión del Hospital MoqueGua, a pedido del entonces gobernador regional.

El juez de primera instancia consideró que hay peligro de procedimiento y peligro de escape Al argumentar que el ex presidente no tenía raíces laborales o familiares porque su esposa, Maribel Díaz, y el hijo menor viven en otra ciudad, y que al menos uno de los contratos de trabajo presentados es «cuestionable» porque la compañía está dirigida por su esposa y sus accionistas son sus hijas.

Después de la resolución, Vizcarra fue llevada a cabo por la Policía Nacional a la cárcel del poder judicial, esperando que el Instituto Penitenciario Nacional (INPE) autorice su entrada a la prisión de Barbadillo, donde también se celebran los Exmandatarios. Alejandro Toledo (2001-2006), por una sentencia de lavado de dinero y el ex presidente Pedro Castillo (2021-2022), procesado por su intento de golpe de estado fallido.

Vizcarra aseguró en un video que dejó grabado y fue publicado en sus redes sociales cuando ya estaba detenido que El fracaso es «una injusticia» Y dijo que no van a «doblarse». «Hola, si estás viendo este video, es porque han emitido una detención preventiva contra mi persona. Esto ya lo sabía hace dos días, porque había una resolución que incluso estaba firmada dando este resultado porque esto Ya no es justicia, se trata de política«Dijo el ex presidente.

El magistrado dijo que había elementos fundados de condena en la Comisión del Crimen para emitir su detención preventiva por el nivel de sospecha grave y peligro procesal razonable.

Antes de conocer la resolución, Vizcarra declaró ante el juez que continuó confiando en el poder judicial, a pesar de los «a través de crucis» a lo que se lo consideraba injustamente sometido.

El ex presidente dijo que sus raíces laborales estaban «llenas», y que había viajado seis veces en todo el país, en los últimos meses, para «cumplir con los objetivos» que tenía con los contratos de trabajo y con el partido político Perú primero, que fundó con el comienzo de las elecciones generales de 2026, donde busca ser un candidato presidente, aunque ha tenido tres inesperaciones aprobadas por el Congreso.

Fiscal durante 15 años

El magistrado aclaró que, con su decisión, «no determinó la culpa», sobre el crimen de soborno, porque el sustento principal es el peligro procesal del acusado. En ese sentido, explicó que es una medida de coerción someterlo a un proceso penal, en el que se solicita una multa de 15 años de cárcel.

Durante la audiencia, el fiscal Juárez comentó la gravedad del crimen imputado a Vizcarra y la penalización solicitada en la acusación, lo que considera que representan un riesgo de escape antes de su sentencia.

Además, el fiscal criticó que Vizcarra sostiene que tiene raíces laborales basadas en un contrato con Una empresa que su esposa es una representante y estuvo de acuerdo con él un pago diferido a nueve meses.

Juárez también dijo que el ex presidente aparece como candidato presidencial del Partido Perú primero, pero que no hay contrato de asesoramiento, como asegura su defensa.

En ese sentido, el fiscal dijo que existe un «proselitismo político» como candidato para las elecciones de 2026, a pesar de haber sido discapacitados por el Congreso para ejercer un cargo público, y que es «un contrato que aparece que tiene raíces laborales».

La decisión de apelaciones de Vizcarra

Por su parte, el abogado de Vizcarra, Erwin Sicchaapeló la medida de detención preventiva y dijo que Vizcarra no estaba en la ciudad de Lima en la fecha en que la oficina del fiscal argumentó que celebró un encuentro con representantes de la compañía ICCGSA para recibir personalmente uno de los pagos ilícitos en 2016.

El fiscal Juárez indicó que Vizcarra supuestamente solicitó una comisión del 2% del contrato para el trabajo de riego de Lomas de ILO en 2013, que resultó en dos pagos de 400,000 y 600,000 suelas, consignados como préstamos en los registros contables de la Compañía, favorecidos con el premio.

Juárez dijo que los exegutivos de Workinsa han corroborado los pagos, a través de un proceso de colaboración efectivo (premio) con la oficina del fiscal, y que fueron sentenciados por estos hechos.

Del mismo modo, el fiscal presentó al Magistrado del Séptimo Tribunal Nacional de Investigación Preparatoria que, en el caso de la extensión del Hospital MoqueGua, Vizcarra condicionó la adjudicación del trabajo al pago de 1.8 millones de soles ($ 510,000).

La última entrega fue supuestamente en 2016, cuando Vizcarra ya era Ministro de Transporte y Comunicaciones y Vicepresidente del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), a quien sucedió en el cargo en 2018.