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Un total de once conductores fueron puestos a disposición judicial en 2025 por exceso de velocidad en Huelva

Un total de once conductores fueron puestos a disposición judicial en 2025 por exceso de velocidad en Huelva
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  • Publishedfebrero 5, 2026



Moto de la Guardia Civil de Tráfico en Huelva.

– GUARDIA CIVIL

HUELVA 5 feb. (EUROPA PRESS) –

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva investigó y sometió a disposición judicial a lo largo de 2025 a once conductores -de vehículos de distintas clases y categorías- como autores de delitos contra la seguridad vial por exceder los límites de velocidad establecidos.

Así lo ha indicado el Instituto Armado en una nota, en la que señala que estas conductas fueron detectadas durante los diferentes dispositivos de verificación de velocidad, previstos para la prevención de accidentes, que se realizan periódicamente en las distintas vías de la provincia de Huelva y que es responsabilidad del grupo de Tráfico de la Guardia Civil.

De esta forma, señala que «en un número importante de casos» y debido a «la alta velocidad» a la que circulaban estas personas, no fue posible la interceptación inmediata del vehículo y fueron necesarias investigaciones posteriores para identificar a los conductores para su identificación y esclarecimiento de los hechos.

El Instituto Armado explica que esto ha sido posible «gracias a la planificación de los servicios de control de velocidad que se lleva a cabo minuciosamente desde el Subsector de Tráfico de Huelva, en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico», con el objetivo «principal y último» de prevenir y reducir la siniestralidad en las carreteras de la provincia.

El grupo de Tráfico de la Guardia Civil realiza estos dispositivos con el objetivo de «garantizar» la seguridad vial, prevenir accidentes en la carretera y «proteger la vida de todos los usuarios de la vía», contribuyendo a «sensibilizar» a los conductores sobre la peligrosidad de este tipo de conductas.

Los investigados por este tipo de delitos se enfrentan a penas que pueden oscilar entre tres y seis meses de prisión, una multa de seis a doce meses y, en todo caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un período superior a un año y hasta cuatro años.



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