El aplazamiento podría haberse sustanciado mediante un real decreto sin necesidad de mayor ratificación en el Parlamento, ya que se trata de una norma de ese rango que regulaba el calendario de entrada en funcionamiento del popularmente conocido como Verifactu, pero el Gobierno ha optado por incluir la medida en un real decreto ley más amplio, que incluye otras cuestiones también aprobadas en el último Consejo de Ministros como la posibilidad de realizar ayuntamientos asignar su superávit de 2024 a inversiones en vivienda y el más controvertido, el traspaso de competencias integrales sobre secretarios, interventores y tesoreros municipales a la Generalitat. De esta forma, el aplazamiento de la entrada en vigor de este sistema a 2027 dependerá de la validación de todo este paquete legislativo.

A este nuevo, y evitable, foco de incertidumbre se une el sentimiento de indignación que Maniobra de última hora del Gobierno ha generado en algunas zonas. El Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas ha lamentado en un comunicado difundido este miércoles la decisión del Gobierno de desactivar la activación de este sistema apenas un mes después de su entrada en vigor.

«Es fundamental que los plazos para la entrada en vigor de las reglas no se modifican a última hora y que estos se mantengan estables en el tiempo para permitir a las empresas y emprendedores planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbre», afirmó el presidente de la REAF, Agustín Fernández. «Para la gran mayoría del empresariado, esta prórroga supone reprogramar tareas, revisar inversiones tecnológicas y asumir costes adicionales derivados de ajustes de última hora», subrayó.

El proyecto de ley de la improvisación

Incluso las consultoras y organizaciones empresariales que han apoyado la ampliación para dar más tiempo a empresas y profesionales para adaptarse. Cuestionan el ‘modus operandi’ del gobiernolo que ha dejado para última hora el aplazamiento de un sistema en el que llevan meses trabajando profesionales de la Agencia Tributaria, asesores fiscales y las propias empresas, acometiendo importantes inversiones.

Esta forma de actuar también ha condicionado el impacto real de otra de las medidas, que permite a los ayuntamientos aplicar el resto del superávit de 2024, que eran 6.642 millones de euros, pero que a estas alturas del año están disponibles en una cantidad muy inferior. Fuentes municipales también destacan que sin un cambio legislativo adicional que ampliar el plazo de ejecución previsto para estas inversionesque suele ser de unos 30 meses y que el decreto gubernamental exige desarrollar en un plazo no mayor a 24 meses y ejecutarse efectivamente el próximo año, el nivel de ejecución de inversiones es tan marginal como lo ha sido en los últimos años.